Un Estado que se precie de poner en primer lugar la seguridad –en todos los órdenes– de las personas cuida todos los detalles, aun los más mínimos, que puedan afectar de alguna manera el medioambiente. Lo hace desde la certeza de que cualquier daño a la naturaleza, de modo inmediato o diferido, es también la posibilidad de que afecte a los seres humanos.
Nuestro país, sin embargo, le da poca relevancia en los hechos al control de los agroquímicos importados con el objetivo de combatir las plagas que azotan los cultivos de soja, maíz y otros rubros del campo.
Los productos fitosanitarios de uso agrícola se rigen por la Ley 3742, que data apenas del año 2009, cuando desde el 2004, por Ley 2459, se había creado ya el Senave.
Su propósito –establecido en su artículo 1°– es establecer “el régimen legal de registro y control de todo producto fitosanitario de uso agrícola a partir del ingreso de los mismos al territorio nacional, así como la síntesis, formulación, fraccionamiento, transporte, almacenaje, etiquetado, comercialización, publicidad, aplicación y eliminación de residuos y disposición final de envases vacíos y de plaguicidas vencidos con el fin de proteger la salud humana, animal, vegetal y el ambiente”.
La Resolución 573 formuló “los procedimientos relacionados a la inspección de agroquímicos importados”.
El Senave cuenta con las herramientas legales que le permiten controlar si los productos que entran al país, en su composición química, coinciden con lo declarado, si su nivel de toxicidad está dentro de los rangos aceptados por los organismos reguladores internacionales y el resto de los procedimientos que atañen a transporte, almacenaje, fraccionamiento y otros aspectos.
Entre las normas y la capacidad de cumplimiento de las mismas, sin embargo, existe aún un largo trecho, al no contar con suficientes profesionales para cumplir a cabalidad su cometido. El presidente del Senave, Alfredo Grysiuk, desnudó otro de los flancos débiles de su institución, al señalar que se invertirá dinero en la adquisición de equipos de laboratorio para hacer más eficientes los controles.
Actualmente, entre la toma de muestras de análisis y el conocimiento de sus resultados median 45 días. Mientras tanto, los productos ya fueron procesados, vendidos y utilizados. Ello implica que si se halla alguna irregularidad, ya será imposible aplicar alguna medida correctiva.
Los agroquímicos afectan la vida de las personas y del ambiente. Por lo tanto, es necesario superar con urgencia las limitaciones del Senave y ofrecer un servicio que también implica la defensa de la soberanía territorial al proteger la riqueza natural y garantizar la salud integral de las personas.