Surgieron como una respuesta de la propia ciudadanía en el momento más crítico de la pandemia del coronavirus. Cuando en marzo de 2020 se decretó el confinamiento de la población y sobrevino la paralización de la mayoría de las actividades, los más afectados fueron los trabajadores informales, los pobladores humildes de los bañados y de las villas precarias que rodean a Asunción y a varias ciudades del área metropolitana, así como de otras ciudades del interior del país, que se quedaron sin fuentes de ingreso y por tanto sin posibilidades de subsistir y alimentarse.
La ciudadanía respondió positivamente, rescatando uno de los valores más preciados de la sociedad paraguaya: la solidaridad. En diversos lugares, en plazas, parques, capillas, centros comunitarios, grupos de vecinos, principalmente mujeres, organizaron ollas populares, contando con el apoyo de comerciantes, productores, entidades de beneficencia, parroquias, para recolectar alimentos y preparar almuerzos en forma masiva, permitiendo que cientos de personas, incluyendo principalmente a niños y niñas, se acerquen con su plato vacío a formar fila para recibir su comida del día.
Esta solidaria acción social vino a suplir la falta de respuesta rápida del Estado ante una grave problemática social, permitiendo que una gran parte de la población no pase hambre, pero también la posibilidad de respaldo del sector privado encontró sus límites.
De manera que una gran parte del funcionamiento de las ollas populares pasó a depender también de la acción social del Gobierno, principalmente de los recursos de la Secretaría Nacional de Emergencia (SEN), hasta que los fondos se acabaron.
Se estima que existen más 100 ollas populares que alimentan a unas 20.000 personas, de alrededor de 4.000 familias golpeadas por la pandemia del Covid, una crisis que aún persiste. Fue a partir de setiembre de 2020, cuando el Poder Ejecutivo se encargó de promulgar la Ley 6603 de apoyo y asistencia a las experiencias de estos comedores solidarios, proveyendo insumo a las organizaciones voluntarias. Para sostener su funcionamiento, el propio Ministerio de Hacienda previó un fondo de USD 5 millones en el proyecto de la Ley de Consolidación Económica y Contención Social, que fue recientemente sancionada en el Congreso, pero los diputados finalmente eliminaron este fondo, generando la indignación y la movilización de los sectores afectados, principalmente pobladores de los bañados, que fueron duramente reprimidos en manifestaciones frente a Mburuvicha Róga.
Aunque los efectos de la crisis del Covid-19 van disminuyendo, aún no han desaparecido y muchos sectores más vulnerables siguen sin poder recuperarse. Cortarles los recursos previstos en la Ley de Consolidación Económica y Contención Social, tal como lo han hecho los legisladores de la Cámara Baja, es librarlos al hambre.
Una vez más se demuestra la insensibilidad de una clase política que goza de muchos privilegios a costa del erario público. Es de esperar que el Poder Ejecutivo llegue a vetar esta versión de la ley y reponga los recursos para los que más necesitan.
