El planteamiento prevé básicamente que las personas en situación de retiro ganen el mismo salario que los empleados estatales en actividad.
La propuesta original hablaba de que esto se financiaría con los intereses de las inversiones que realiza la Caja Fiscal anualmente, así como con recursos que provienen del cobro de tasas o ingresos internos. Sin embargo, la Comisión de Hacienda propuso, a pedido del proyectista, la incorporación de dos artículos que, por un lado, obligan al Estado a contribuir el 9,5% de los salarios como aporte patronal; y por el otro, limita al 50% el uso de los excedentes para cubrir los déficits del sector civil.
El Ministerio de Hacienda pide el rechazo. Señala que, con esta ley, el agujero que deberá cubrir el Estado con impuestos podría superar los USD 400 millones.