El asesinato de cinco paraguayos por parte del mal llamado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) ha puesto nuevamente en debate el concepto de los derechos humanos. El debate de cómo las autoridades deben encarar el problema dio paso a declaraciones tan absurdas como atemorizantes en distintos ámbitos.
La perlita la dio el diputado Édgar Ortiz, al decir que “tenemos que pensar en retirarnos del tema de derechos humanos, por lo menos hasta que termine este grupo subversivo”. Con mucha más moderación se refirió al problema el ex ministro del Interior, Nelson Mora. Este doctor en Derecho sostuvo en un programa televisivo que se debe tener cuidado en no ser muy “garantista” en la lucha al EPP, ya que el grupo criminal no respeta ni a las autoridades ni a la Constitución Nacional.
Por un lado, hay una declaración de un diputado que nos muestra quiénes dictan las leyes que tenemos que cumplir. ¿Sabía a qué se refería el congresista cuando habló de los derechos humanos?
¿Cuál es el caldo de cultivo que hoy permite al EPP reclutar cada vez más miembros y así ampliar su zona de acción? La pobreza, la falta de educación, de trabajo, de salud. La ausencia del Estado, en definitiva. Violaciones de derechos humanos que desde hace años sufren los pobladores de los distritos más carenciados de San Pedro y Concepción.
Los derechos humanos, o mejor dicho la sistemática violación de ellos por parte de las autoridades de turno, están profundamente ligados a la problemática del EPP. En consecuencia, una solución efectiva solo se puede dar si el Estado asegura la vigencia de los derechos básicos a todos los concepcioneros y sampedranos. Los militares y policías podrán detener a todos los integrantes de esta banda terrorista y anacrónica, pero el problema de fondo permanecerá intacto si no se ataca a la pobreza en estos departamentos.
Por otro lado está la disyuntiva que varios sectores plantean: o la Justicia es garantista o es firme contra el terrorismo. En realidad estos conceptos no tienen por qué excluirse mutuamente. El Estado tiene que detener y condenar a los responsables de tantas muertes y secuestros, a través de los mecanismos legales existentes, porque todos, hasta los delincuentes más crueles, tienen derechos procesales. Si nos olvidamos de eso, nos rebajamos al mismo nivel de aquellos a los que consideramos terroristas.