Opinión

Entre la oración y el apriete

Luis Bareiro Por Luis Bareiro

El senador Martín Arévalo, colorado oficialista, envió un inocente mensaje a su compañero de oraciones de los miércoles, el director general de Aduanas, Julio Fernández, pidiéndole que nombrara a su correligionario Miguel Ángel Medina, que hoy es jefe de División de Puerto Seguro Fluvial (cargo intrascendente en materia de recaudación) como administrador general de la entidad en uno de los principales almacenes de depósitos en Ciudad del Este (cargo superlativo en materia de recaudación). Lo hizo por chat.

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Fernández no se escandalizó ante la solicitud ni lo mandó al oriente como debería haber hecho si no estuviera acostumbrado a los pechazos del poder. Se limitó a responder que no conocía al funcionario, que sería un ascenso meteórico, que si lo nombraba debería degradar a quien hoy ocupa el cargo y que ya había tenido problemas en el pasado por degradar a otros funcionarios. Arévalo fingió demencia. Solo contestó preguntando si no lo podía recibir para conocerlo. “Es un buen señor”, fue su carta final de recomendación. Esto ocurrió en abril.

En los siguientes meses, cayó un contenedor de electrónica valuada en millones de dólares con documentación clonada. La carga fue calificada como de contrabando. Los propietarios nunca aparecieron. Hubo un robo en los depósitos de Aduanas y se llevaron la mayor parte de la mercadería. Lo que sobró fue a remate. Días después se presentó en el Congreso una denuncia del propietario de la carga contra el director de Aduanas por presunto robo. Quien presentó la nota fue el senador Martín Arévalo.

Paralelamente, Fernández denunció ante la Fiscalía al propio Arévalo por tráfico de influencia, por intentar forzar la liberación de la carga de contrabando. Adjuntó a la denuncia copias de pantalla del chat donde se registra el pedido de nombramiento del correligionario Medina. El caso del presunto contrabando puede ser complejo, pero la recomendación para “el buen señor” es contundente. Es un caso probado.

Todos sabemos cómo funciona el uso indebido de influencias desde cargos electivos para ubicar a parientes, amigos, correligionarios o amantes en los puestos claves de recaudación del Estado. Es uno de los pilares del modelo prebendario que aplican con singular éxito el Partido Colorado, principalmente, y sus émulos azules, en los escasos espacios donde pueden hacerlo.

Que se trate de una práctica de larga data, empero, no le saca un ápice de ilegalidad. Por la misma razón, cuando aparecen pruebas documentadas de su vigencia no debería dejar de ser un escándalo y tener las repercusiones que correspondan.

El caso de Arévalo y Fernández es una muestra ejemplar del cachivache en el que a menudo convierten al Estado. ¿De dónde sacan diputados, senadores o cualquier funcionario electo que tienen alguna autoridad para recomendar nombramientos en el Estado? ¿Tiene alguien alguna duda acerca de cuál sería la función del correligionario recomendado por Arévalo al frente de uno de los depósitos de mayor recaudación de las aduanas? ¿Qué diantres hace el director general de Aduanas utilizando una oficina del Estado para orar junto con legisladores y otros funcionarios? ¿Nunca se enteró de que su fe religiosa es una cuestión privada?

Por un lado, hay que celebrar que Fernández se atreviera a denunciar a su compañero espiritual. Por el otro, sin embargo, resulta abrumador escucharle confesar que no es el único pedido que ha recibido de parte de los políticos, pero que decidió documentar este caso por la forma grosera y machacona con la que Arévalo insistía. Según él jamás dio curso a ninguna de las recomendaciones. Nunca podremos saberlo.

La Constitución es categórica. Un legislador pierde su investidura por el uso indebido de influencia claramente comprobado.

Arévalo no intentó colocar a su recaudador en un puesto clave, merced a su influencia como compañero de oraciones; lo hizo en su calidad de senador.

Por de pronto, Arévalo se tiene que ir. Pero no nos engañemos. La práctica seguirá vigente hasta que no tengamos una carrera de la función pública que deje las recomendaciones y los grupos de oración en el pasado.

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