Entre el 2018 y 2023, Defensa Pública denunció más de 270 casos de tortura que siguen impunes

Luego de conocerse la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a Paraguay por el caso del oficial inspector de la Policía Nacional Jorge López Sosa, la titular del Ministerio de la Defensa Pública, Lorena Segovia, informó que entre el 2018 y 2023 denunciaron a 189 agentes policiales y 82 penitenciarios por tortura.

Sin embargo, hasta julio del 2023 no hubo imputación alguna. Indicó que defensores públicos de distintas partes del país recogieron los testimonios y presentaron las denuncias correspondientes, pero quedaron hasta ahí.

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Por el caso López Sosa, y otros uniformados, Segovia consideró que debe ser “una oportunidad para la toma de medidas institucionales”, en el sentido de que episodios de tortura no se repitan nuevamente.

Afirmó que “la impunidad de violaciones DDHH no puede continuar”. En ese sentido, manifestó a Última Hora que mantuvieron reuniones tanto con la ex fiscala general del Estado y el actual Emiliano Rolón Fernández. Este último aparentemente se comprometió a revisar las denuncias presentadas ante la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público.

Segovia pidió que se cumplan estándares de investigación, entre ellos el registro adecuado de lesiones. “También que las causas sean calificadas como tortura cuando amerite y no como lesión en el ejercicio de las funciones públicas, como ocurre habitualmente”, agregó.

Paraguay fue condenado por la Corte IDH detención ilegal, tortura y violación tanto de las garantías judiciales como de la protección judicial, que ocurrió cuando Walter Bower era ministro del Interior en el 2000.

Al respecto, la defensora pública recordó que “en este caso pasaron 23 años y las víctimas aún no tuvieron acceso a la justicia”.