En un comunicado conjunto, Atlas y Familiar informaron que no continuarán con la integración proyectada debido a resoluciones judiciales derivadas de acciones impulsadas por terceros, situación que —señalan— impide que el Banco Central del Paraguay (BCP) autorice la fusión conforme al marco legal vigente.
Los bancos afirmaron que, pese a las conversaciones mantenidas con la contraparte, los montos reclamados carecían de sustento y que no existe obligación de pago por ausencia de incumplimiento contractual, además de que el sistema tecnológico en cuestión no sería utilizado en el banco fusionado.
Las entidades reiteraron que todas sus acciones se ajustaron a derecho y que la interrupción del proceso responde exclusivamente a factores ajenos a su gestión.
“Banco Atlas y Banco Familiar, dos instituciones en su mejor momento y ampliamente reconocidas por su trayectoria, solidez financiera y desempeño sobresaliente, han demostrado en los últimos años una gestión eficaz, crecimiento sostenido y resultados consistentes en sus respectivos segmentos”, señalaron el comunicado.
Agregaron que Banco Atlas y Banco Familiar ratifican su compromiso con la transparencia, el cumplimiento normativo y la solidez del sistema financiero. “Agradecen a sus clientes, colaboradores y grupos de interés que acompañaron este proceso y reafirman su voluntad de seguir contribuyendo al desarrollo económico del país desde la excelencia y la responsabilidad institucional”, expresaron.
La empresa dueña del sistema ITGF también divulgó su postura cuestionando la narrativa que —afirman— circuló en algunos medios y aclarando que el conflicto no se origina en un desacuerdo comercial, sino en una “violación a la propiedad intelectual”.
Según la compañía, el Banco Atlas habría utilizado el software más allá de los permisos otorgados, lo que derivó en acciones arbitrales, civiles y penales destinadas a “evitar el uso indebido de un activo tecnológico ajeno”. Indicaron además que no fue la empresa ni el Poder Judicial quienes detuvieron el proceso de fusión, sino el propio banco, al intentar incorporar dentro de su patrimonio un sistema cuyo uso y propiedad —aseguran— no le corresponden.
En su comunicado, sostienen que la intervención judicial fue estrictamente técnica y que las decisiones adoptadas buscaron preservar el statu quo hasta que el conflicto se resuelva de fondo. La empresa también cuestiona lo que considera un “doble estándar” en el debate público sobre propiedad privada, señalando que el derecho del creador tecnológico debe ser protegido con el mismo rigor que cualquier otro activo.
Asimismo, la firma remarcó que intentó llegar a una conciliación antes de que el conflicto escalara y que fue el banco quien inició las acciones judiciales. Considera, además, que este caso trasciende lo comercial y plantea un debate sobre el modelo de desarrollo que Paraguay pretende: uno basado en respeto a la innovación y a la propiedad intelectual, o uno en el que —según afirman— se justifica la apropiación de activos tecnológicos bajo presión o relato mediático.
