Tomando en consideración los resultados de las elecciones generales de abril pasado, Santiago Peña, el presidente electo que asumirá funciones el próximo 15 de agosto, cuenta con todas las condiciones de gobernabilidad. Una mayoría cómoda en ambas cámaras del Congreso Nacional podrá acompañarlo, aprobando leyes y acuerdos necesarios para respaldar la gestión del Ejecutivo.
Peña debe entender que el copamiento de todos los estamentos por parte de la ANR y la identificación del partido de gobierno con el Estado le van a proporcionar la sensación de ejercicio de poder absoluto, pero a la larga no le dará ni credibilidad ni gobernabilidad. No debe subestimar el hecho de que la sombra detrás del poder la ostentará el ex presidente Horacio Cartes, quien fuera designado por el Departamento de Estado de EEUU persona significativamente corrupta, debido a su participación en actos de corrupción significativos y sus lazos con organizaciones terroristas, y que durante su mandato utilizó la Presidencia para obstruir una investigación del crimen transnacional.
Paraguay deberá reforzar el combate al crimen organizado y el lavado de dinero. El país no puede correr el riesgo de retornar a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat). El reciente operativo Pavo Real develó cuán infiltrados están el narco y el crimen organizado en nuestras instituciones. Es por ello que además de seguridad jurídica necesitamos tener una Justicia independiente y autónoma. Una de las razones por las que está en riesgo nuestra evaluación ante Gafilat son precisamente las escasas sentencias condenatorias del lavado de dinero. No se debe olvidar el daño que infligió el clan González Daher, tanto a las instituciones como a la ciudadanía, cooptando el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y el Consejo de la Magistratura. Numerosas víctimas de este clan que manipulaba a la Justicia todavía están esperando resarcimiento.
Necesitamos ser un país serio, una nación que sea respetada por sus vecinos y en la que sus habitantes puedan sentirse seguros. Nada de esto será posible si dejamos que el crimen organizado continúe utilizando el territorio nacional como patio de disputas y acciones de sicariato.
Los paraguayos necesitan empleos de calidad, y también seguridad. Asimismo, precisan que sus gobernantes antepongan las necesidades de la gente y que le provean salud pública y educación, además de servicios adecuados que le aseguren la calidad de vida que merecen. El acceso al agua potable, energía eléctrica y un sistema de transporte público eficiente son derechos que ya no pueden ser postergados.
Paraguay es un país con altos niveles de pobreza e informalidad; no obstante, dispone de valiosos recursos. Por esto, es imprescindible reforzar nuestra institucionalidad y mejorar la gestión de quienes administran los recursos públicos.
En primera línea, la prioridad deberá ser el combate a la corrupción, pues solamente con transparencia será posible que estos recursos públicos sean destinados a su verdadero propósito, que es mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. La tarea de los funcionarios públicos debe ser única y exclusivamente trabajar denodadamente por el bien común.
Santiago Peña deberá tener en cuenta que el país no puede retroceder en los avances logrados en los últimos años. Deberá, por tanto, esforzarse por dar el empuje económico tan necesario para sacarnos de la situación crítica en la que nos encontramos. De nada le valdrá la mayoría en todos los estamentos del Estado si no logra consolidar la economía y atender las acuciantes necesidades de la población. Esperamos, por tanto, que ponga los intereses del país en primer lugar.