La Fiscalía de Marcas allanó ayer la farmacia Centrofarma, ubicada en San Lorenzo, luego de una investigación realizada por la sección de Delitos Económicos de la Policía, que detectó la existencia de las pastillas Cytotec y Pramil.
La farmacia se encuentra en Teniente Benítez esquina ruta Mariscal López.
Cytotec y Pramil tienen prohibida su venta en el país por resolución de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS).
La fiscala Cynthia Lovera, quien encabezó el operativo, señaló que se decomisaron de la farmacia un total de 324 pastillas Cytotec, distribuidas en 24 blisters con 14 pastillas cada uno. También 8 cajas vacías de Pramil y 5 prospectos del mismo.
El propietario de la farmacia, Carlos Benítez, se expone a una imputación por comercialización de medicamentos no autorizados y por el hecho punible contra la propiedad intelectual.
La fiscala añadió que ninguno de los medicamentos contaba con número de lote ni fecha de vencimiento y mucho menos con el registro del MSPBS, ya que tienen prohibida su venta en el territorio nacional.
DETALLES. El Cytotec, cuyo principio activo es Misoprostol, es un medicamento recomendado para el tratamiento de la úlcera péptica. Pero su uso más frecuente se da para interrumpir embarazos de pocas semanas. Por resolución del 2011 del MSPBS, este fármaco tiene prohibida su circulación y venta en farmacias y otros puntos.
En tanto, el Pramil es un medicamento para la disfunción eréctil y su uso y comercialización están prohibidos en todo el país por carecer de inscripción en los registros correspondientes, lo que implica un riesgo sanitario.
EL MSP ABRE SUMARIO A FARMACIA
La directora de Vigilancia Sanitaria, María Auxiliadora Vargas, anunció que se abrió un sumario administrativo a la farmacia Centrofarma, a partir del allanamiento.
Indicó que ahora se investigará si la farmacia reúne los requisitos establecidos por el Ministerio, como ser registro sanitario y otros.
Añadió que el propietario, Carlos Benítez, se expone a una sanción que puede ir desde la clausura temporal hasta la clausura permanente del mismo, además del pago de una multa.
Los asesores jurídicos del Ministerio de Salud tienen a su cargo, a partir de la próxima semana, evaluar el establecimiento y las medidas a ser tomadas.