Se trata de compensaciones económicas para los afectados por el cierre de fronteras con Argentina, por la emergencia a causa de la pandemia del Covid-19. Para el efecto se presentaron tres proyectos que fueron unificados.
En ese marco, se contempla un subsidio de G. 3.000.000 por tres meses consecutivos, desde la aprobación de la ley, para comerciantes, personas jurídicas y físicas, debidamente identificadas con la presentación del registro único de contribuyentes y patente comercial.
En otro punto del documento se asigna el pago de G. 500.000 para los trabajadores cuentapropistas informales, también por tres meses y de forma consecutiva.
El subsidio sería financiado, según el proyecto, con el saldo de los recursos del programa Pytyvô 2.0, cuyo cuarto pago fue suspendido por esta ley, alegando que el Estado podría quedar sin fondos, resaltó el diputado Tadeo Rojas.
La lista de beneficiarios será elaborada por el Ministerio de Hacienda, junto con las gobernaciones y municipios.
El diputado colorado Hugo Ramírez opinó que el pedido de G. 3 millones por persona podría generar una inequidad con el resto de los departamentos, incluyendo Central.
El presidente de la Cámara, Pedro Alliana, intervino en el debate para pedir que sea incluida Alberdi entre las ciudades beneficiadas y agregó que en esa zona se siguen realizando ollas populares.
El diputado colorado Walter Harms propuso que sean añadidas entre los beneficiarios las empresas de transporte internacional que operan en el puente San Roque González, y dio nombres de unas cinco firmas.
Esto tuvo oposición de varios legisladores. Sebastián Villarejo propuso que no se pongan sus nombres, sino que se incluyan como personas jurídicas.
