En prácticamente un mes, desde octubre de este año hasta ahora, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) ha procesado a 11 jueces, cuatro fiscales y desaforado a un agente fiscal.
El caso en que se actuó de oficio y que rápidamente se hizo el proceso fue contra el fiscal de Ciudad del Este Gustavo Ramón Yegros, quien fue implicado en un hecho de corrupción, salpicado por Reinaldo Cabaña.
El 16 de octubre pasado, el JEM decidió enjuiciar con suspensión de funciones a Gustavo Ramón Yegros, tras ser imputado por cohecho pasivo, asociación criminal y frustración de la persecución penal, luego de ser salpicado con el presunto narcotraficante detenido este año.
Yegros se presentó ante la Justicia el 12 de octubre pasado. Tras esto, el juez de Garantías Rubén Ayala Brun dispuso que el agente guarde prisión preventiva en la cárcel militar de Viñas Cué. Sin embargo, días después fue beneficiado con el arresto domiciliario.
Otro de los hechos de mayor relevancia fue el procesamiento en el JEM de los jueces de alzada Emiliano Rolón y Arnaldo Martínez Prieto, quienes fueron denunciados por la misma fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, por mal desempeño de funciones, por haber absuelto de culpa y pena a los once campesinos condenados en primera instancia por la conocida masacre de Curuguaty.
En su momento, el presidente del Jurado, Cristian Kriskovich, resaltó que el proceso no fue iniciado de oficio, sino tras la denuncia por mal desempeño de funciones presentada por la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, contra los tres miembros de la Sala Penal que el pasado 26 de julio revocó la mencionada sentencia. Sin embargo, el tercer juez, Cristóbal Sánchez, no será procesado.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) también pone en el banquillo de los acusados al juez Sandro Ismael Vera Ortiz, de Amambay, por supuestamente beneficiar con la aplicación de medidas sustitutivas a la prisión preventiva a cuatro brasileños que habían caído con armas que pertenecían al Ejército paraguayo, en el año 2016.
Los mismos, bajo una fianza de G. 40 millones en total, fueron beneficiados con la aplicación de medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Se trata de Antonio dos Santos, Cicero da Silva Messias, Salvador Elison Aguilera Pedroso y Fernando Pereira de Moraes, y el ciudadano paraguayo Wilmar Gauto Roa.