Una de sus primeras reformas, aprobada en menos de tres meses, fue la Ley N° 7218/2023 “Por el cual se establecen medidas extraordinarias de gestión para las Finanzas Públicas”, el cual faculta al Ejecutivo modificar el presupuesto para reprogramar créditos presupuestarios y cumplir obligaciones.
Peña también logró articular, para noviembre del año pasado, la Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción (ENCC), idea que inició con una Cumbre de Poderes de Estado, que llevó adelante a los pocos días de haber asumido, donde participaron además el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, y el contralor general de la República, Camilo Benítez, además de los representantes del Congreso y el Poder Judicial.
Sin embargo, en este proceso fueron debilitadas o eliminadas instituciones como la Secretaría Nacional Anticorrupción y de la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión del Contrabando (UIC) del Poder Ejecutivo.
Para fines del año pasado, pese a las intensas protestas de los gremios de trabajadores y jubilados, Peña también había logrado la aprobación de la Ley N° 7235/2023 que creó la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, con la que busca regular y supervisar las inversiones de los fondos de los trabajadores.
La legislación limita la utilización de los recursos de las distintas cajas jubilatorias que funcionan en el país, es decir, limita su sostenibilidad financiera.
2024. Este año, el proyecto emblema del Ejecutivo fue Hambre Cero, que eliminó la Ley del Fonacide y logró que recursos de Itaipú sean administrados por el Ejecutivo desde el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), lo cual generó polémica y movilizaciones de los estudiantes y otros sectores afectados. El Congreso retomó en marzo sus funciones y, para abril, la aplanadora cartista ya logró aprobar sin problemas.
También hubo reformas en la Ley de la Policía, que tuvo cuestionamientos por reflotar viejas prácticas autoritarias.
Ahora, el proyecto polémico en trámite es el de control a las organizaciones sin fines de lucro (OSFL), calificado como ley “garrote”. También están en trámites la ley de servicio civil, que afectará a la Función Pública; la ley de reforma de la Caja Fiscal, porque hay un déficit anual de USD 160 millones, unificar Catastro y Registros Públicos, y una ley de integridad, transparencia y prevención de la corrupción.
