Roberto Irrazábal
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Tras la crisis penitenciaria y el Operativo Veneratio llevado a cabo por el Gobierno, el sociólogo investigador Carlos Aníbal Peris Castiglioni analiza, en entrevista con ÚH, el panorama actual del país.
–¿Qué impresión te deja el Operativo Veneratio y qué efectos reales considerás que tendría en la influencia del crimen organizado en las cárceles?
–La impresión más significativa se refleja en el contexto en que se ha desarrollado dentro de las cárceles paraguayas, caracterizadas por el abandono, el hacinamiento y el control total de las dinámicas internas y cotidianas por parte de grupos al margen del Estado. Sin embargo, la verdadera pregunta es por qué ha sucedido esto. La respuesta no se limita solo a la ausencia histórica del Estado; también implica la complicidad del Estado, que se ha beneficiado de los negocios que han tenido lugar en esa microsociedad con el objetivo de obtener ingresos adicionales o mantener cierta paz dentro de las prisiones. Es paradójico lo sucedido, ya que se habla de retomar el control de un lugar que por naturaleza debería ser el dominio exclusivo del Estado. Tacumbú es un lugar de complejización del crimen, con la presencia y complicidad del Estado.
–¿Creés que el Gobierno se dirige hacia un modelo de lucha contra el crimen organizado y sistema penitenciario al estilo de Bukele, o estamos lejos de eso?
–Parece que sí, no solo por el tipo de procedimiento que se llevó a cabo, con oficiales encapuchados e internos tratados de una manera particular, sino también por las declaraciones emitidas por varios funcionarios, algunas de las cuales resaltan la necesidad de adoptar la lógica de Bukele. Bukele, más allá de los resultados, es sinónimo de la mano dura, un discurso que históricamente siempre ha tenido más adeptos, especialmente en sociedades conservadoras, como es el caso de Paraguay. Es comprensible que un gobierno que busque ganar seguidores y obtener aplausos rápidos caiga en este tipo de comportamientos, optando por la mano dura y pasando por alto sus propias deficiencias, coyunturas y garantías en los procesos.
–¿Cómo influye la opinión pública y la propaganda (fotos de presos desnudos arrodillados) en un tema sensible como el sistema penitenciario?
–La oposición política hoy está atomizada, incluso desconcertada. Es una realidad que un sector de la oposición es propenso a respaldar al gobierno, lo que otorga un mayor margen de maniobra a un sector político que ostenta el poder de manera avasalladora y sin ningún tipo de diálogo. Sin embargo, en temas como este, donde se muestra un Estado duro e implacable que impone su orden, en gran medida lo que busca es la aprobación del electorado, que tiende a aplaudir o consentir. La verdadera realidad aquí es que parece que la mano dura tiene eco en la sociedad paraguaya, razón por la cual tanto el gobierno como la oposición tienden a alinearse bajo esta consigna.
–¿Cuál es el panorama real de Paraguay como centro del crimen organizado, más allá de los recientes acontecimientos?
–El panorama real es que el Estado es cómplice, directa o indirectamente, del crimen organizado. Mientras esto suceda, la realidad de dicho fenómeno se complicará cada vez más. El crimen organizado ha generado beneficios económicos significativos, que han sido utilizados para el día a día de funcionarios, enriquecer a las estructuras de poder o financiar campañas. Al convertirse en algo tan rentable, el Estado ha sido partícipe y no un actor que intenta combatir una realidad adversa y de potencial gravedad para toda la nación.
–¿Cuál es tu preocupación con respecto a la gestión del Ministerio de Justicia, especialmente en relación con el ministro Ramón Ángel Barchini, frente a la crisis penitenciaria?
–Barchini, al igual que la mayoría del espectro político actual en Paraguay, abraza una línea discursiva inquietante que aboga por la aplicación de medidas drásticas, conocidas como “mano dura”. El problema inherente a esta aproximación es que las acciones resultantes son puramente situacionales, ya que no abordan las raíces fundamentales de problemas como la delincuencia, la transgresión y el crimen organizado. Estos fenómenos encuentran sus verdaderas causas en la pobreza, la desigualdad y una histórica falta de intervención efectiva por parte del Estado. La “mano dura” ofrece resultados inmediatos y efectos visibles, lo que la hace atractiva para la opinión pública, pero, a largo plazo, se revela como una solución superficial. Un segundo inconveniente radica en que esta perspectiva divide el mundo en “buenos” y “malos”, con los malos considerados sujetos sin derechos. Esto no solo intensifica la polarización, sino que plantea una pregunta inquietante: Una vez que desaparezcan los malos, ¿quién garantiza que los buenos no serán incluidos en esa lista de sujetos sin derechos, sujetos a los cuales también se les aplicará la “mano dura?
–¿Cuál es tu evaluación sobre la presencia y utilización de las Fuerzas Militares en operativos de seguridad interna?
–Observo esta situación con cierta inquietud, especialmente debido al historial de abusos y autoritarismos asociados a esta fuerza estatal en el pasado. Además, percibo su participación más como una medida propagandística que como una solución efectiva. En la actualidad, las Fuerzas Armadas (FFAA) se encuentran significativamente debilitadas en términos de equipamiento y, lamentablemente, algunos de sus miembros están bajo sospecha de participar en actividades ilegales. La combinación de un historial propenso al autoritarismo, la falta de actualización y la presencia de conductas ilícitas entre sus filas genera preocupación. En operativos de esta naturaleza, el Estado debería recurrir a fuerzas especiales más adecuadas, considerando la complejidad de la seguridad interna, campo que corresponde al de las prisiones.
–¿Cuál es tu opinión sobre la difusa línea entre el ámbito político y el crimen organizado, y cómo influye en la formulación de políticas públicas?
–Existe una realidad que el Estado parece eludir o, más precisamente, no le resulta conveniente enfrentar. El paradigma tradicional que retrata al Estado como el ente del bien, el orden y el progreso, mientras que a los criminales se les presenta como los malos, el caos y sinónimo de muerte, ha dejado de ser válido. Ya sea en el contexto del narcotráfico o, como es el caso específico aquí, en el control de las prisiones, se vislumbra un Estado que actúa como cómplice, permitiendo ciertas ilegalidades en su beneficio. Esta realidad se manifiesta a través de lo que se conoce como el “orden clandestino”, donde las fronteras entre el Estado y las actividades ilícitas se desdibujan, siendo los propios agentes estatales quienes persiguen ciertas ilegalidades que no afectan sus intereses económicos. Por otro lado, también participan y alientan directamente otras actividades ilegales que les generan beneficios sustanciales. En el contexto paraguayo, estos dos mundos se han fusionado, dejando de ser antónimos y convirtiéndose en partes integrales de una misma realidad. En un país con esta configuración, cualquier política pública genuina parece ser poco más que una quimera, dado que las líneas borrosas entre el Estado y el crimen organizado socavan la capacidad de implementar estrategias efectivas y éticas.
Es comprensible que un gobierno que busque aplausos rápidos caiga en este comportamiento, optando por la mano dura.
Mientras el Estado sea cómplice del crimen organizado, la realidad de dicho fenómeno se complicará cada vez más.
El crimen organizado ha generado beneficios... para enriquecer a las estructuras de poder o financiar campañas.
