Apenas cuatro sesiones han pasado y unas siete instituciones públicas ya han reclamado al Poder Legislativo ampliaciones por un total de USD 531 millones. Esto representa aproximadamente el 4% del total del plan de gastos ideado por el Ejecutivo, con un agravante: el 90% de los pedidos corresponden a reajustes salariales.
Las autoridades del Ejecutivo, al parecer, no han entendido lo que viene gritando desde hace meses la economía. Según anunció días atrás el Banco Central del Paraguay (BCP), el producto interno bruto (PIB) tuvo una contracción del 3% en el segundo semestre de este 2019 y al caer por segundo trimestre consecutivo ya se confirma una recesión.
El reporte de la banca matriz da cuenta de que todos los sectores, con la sola excepción de los servicios, registraron una reducción de sus niveles de producción, encabezados por electricidad y agua, y construcciones, con un retroceso del 12%. La agricultura tuvo una variación negativa del 11,4%, la ganadería del 5,8% y la manufactura del 5,6%, entre otros (https://www.ultimahora.com/c2846778).
A nivel fiscal, esto impacta duramente en la recaudación de impuestos, por lo que el Ejecutivo ya aplicó dos recortes al plan financiero para llegar a fin de año. A fines de agosto, el Ministerio de Hacienda anunciaba que dejaría de recaudar USD 230 millones este año, por lo que insistía a las instituciones en un ajuste de cinturones. Sin embargo, mediante una nota enviada días atrás a varias entidades de la Administración Central, la cartera reconocía que el dinero que dejaría de entrar al Tesoro podría llegar incluso a los USD 300 millones.
Esto, a su vez, tiene mucha relación con el panorama para el 2020. Una recaudación menor a la prevista en este ejercicio no solo limita la ejecución de las inversiones y el déficit fiscal, sino que disminuye el piso de los ingresos para el siguiente año.
Además de una base menor a la deseada, la contención del gasto es considerada como clave por los técnicos del BCP y del Fisco para superar la recesión. Es que, al disminuir el uso de fondos en programas o rubros triviales, el margen de maniobra que tiene el Estado para invertir o aplicar políticas de reactivación es más amplio y mucho más activo.
Es cierto que no es para nada justo que un trabajador no tenga un aumento de salario desde hace 7 años, habiéndose registrado una inflación acumulada de más del 20% en ese periodo de tiempo. Pero el problema no es solo el momento, también pasa por el por qué.
El Estado es un aparato gigantesco que solamente crece cada año. En el 2020, se gastará un promedio de USD 11 millones al día entre salarios y beneficios al plantel de funcionarios públicos, plantel que pasará de 301.926 en este 2019 a los 304.793 en el 2020. Solamente los salarios se llevarán el 76% de lo que se recauda a través de los impuestos, pero según el Ministerio de Hacienda, de aprobarse los aumentos salariales solicitados a la Bicameral, la rigidez del PGN en relación a los ingresos podría trepar al 100% y devorarse los ingresos, poniendo en riesgo las inversiones y la operatividad en sí del propio Estado.
Los resultados del gasto público, sin embargo, no están a la vista. Los programas estatales poco y nada pegan en la gente. La realidad del ciudadano a pie sigue siendo la misma o incluso empeoró con esta recesión. La gente ve menos dinero en sus billeteras, se endeuda más pero compra y consume menos, y está cada día más cansada de las claques que imperan en las oficinas públicas y que no son otra cosa que el resultado del prebendarismo duro y puro.
Si los ministros pedigüeños realmente quieren un cambio, una buena señal sería iniciar un proceso de depuración interna para cortar los derroches. Pedir más dinero antes de eso, es caminar en sentido contrario.
