En julio del 2018, la Coordinadora de Abogados del Paraguay (Coapy) presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra el senador liberal Dionisio Amarilla por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. Tras reiteradas solicitudes de urgimiento, debido a que la Fiscalía no iniciaba ninguna investigación, finalmente, en setiembre del mismo año se abrió una carpeta fiscal. Sin embargo, hasta la fecha no se designó un fiscal en la causa.
Con la asunción de Camilo Benítez como nuevo contralor general, queda en sus manos la entrega de la declaración jurada del dirigente liberal al Ministerio Público.
Siendo Enrique García el contralor general, el mismo nunca remitió a la Fiscalía la declaración jurada de bienes de Amarilla, que fue solicitada para iniciar la investigación con una correspondencia de bienes. Cabe recordar que la esposa del legislador Amarilla, Analy Valiente, era la directora de Declaraciones Juradas de la Contraloría y, por ende, la encargada de preparar dichos documentos para entregar al Ministerio Público.
Analy Valiente fue destituida por Benítez el pasado martes.
INFLUENCIA. Con la salida de García y ahora de Valiente, el polémico parlamentario pierde la influencia que tenía en el ente contralor, en donde contaba con el blindaje del ex contralor y una veintena de funcionarios, en su mayoría, operadores políticos que responden a su equipo.
Desde el Ministerio Público, usan como excusa que la Contraloría General de la República no remite la correspondencia de bienes de Amarilla y por ello no pueden continuar el proceso. Sin embargo, tiene la posibilidad de realizar un allanamiento para retirar los documentos y no hace uso de dicha atribución que le puede ser concedida por un juez, como ya lo hicieron en otros procesos.
El legislador fue denunciado por corrupción pública durante su gestión como administrador en la Universidad Nacional de Asunción (UNA), cargo en el que estuvo por unos 20 años.
Supuestamente, amasó una gran fortuna y sus bienes no coinciden con sus ingresos y los de su esposa, ya que estos solo sumarían un monto superior a los G. 9.000 millones.
Viviendas, quintas, vehículos último modelo forman parte del patrimonio del parlamentario que justamente fue el candidato que más gastó en su campaña publicitaria en las internas partidarias del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), incluso por encima del propio candidato a presidente en ese entonces, Mario Abdo Benítez.
Amarilla gastó USD 330.296 en propaganda electoral, en la campaña.
También se lo vincula con una empresa constructora, BGF SA, que en los últimos cinco años firmó contratos por G. 122.000 millones con el entonces gobernador de Ñeembucú, el también liberal Carlos Silva, que tiene como resultado obras inconclusas y otras construidas sin cumplir con lo establecido en el pliego de bases y condiciones, como ser el arreglo de rutas con una técnica al que denominaron tipo ripio, que terminaron siendo más peligrosas que en su estado anterior y es llamada actualmente la ruta del terror, debido a que se registraron innumerables accidentes que ocasionaron la muerte a varias personas y otras que destruyeron sus vehículos.
Fue defensor acérrimo del ex contralor Enrique García
El senador liberal Dionisio Amarilla fue el principal defensor del ahora ex contralor Enrique García, quien enfrentaba un juicio político por mal desempeño de funciones, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
En marzo del 2018, la Cámara de Diputados aprobó el enjuiciamiento de García y recién este año, el Senado decidió continuar con el proceso.
El pasado miércoles, poco antes de iniciarse la votación por la condena o absolución, después de una férrea defensa por parte de Amarilla al ex contralor, fue el mismo legislador quien informó de la renuncia de García.
El ex titular de la Contraloría, al igual que el legislador, también está investigado por el Ministerio Público.