24 abr. 2024

En la emergencia, el Estado debe proteger a los que nos protegen

Ante la inminencia de la flexibilización de la cuarentena, sería más que importante que las principales autoridades en materia de derechos laborales –Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social e Instituto de Previsión Social– implementen con rigurosidad sus funciones fiscalizadoras. Estas instituciones deben garantizar que quienes trabajen en las ocupaciones llamadas “esenciales” y aquellos que vayan a incorporarse paulatinamente a la actividad económica estén debidamente protegidos, no solo con las medidas particulares incorporadas por la epidemia, sino por las leyes relativas a las condiciones laborales y la seguridad social.

El rol regulador del Estado es indelegable, y en este momento, un imperativo ético, dadas las implicancias que tiene reactivar la economía en el contexto de una epidemia altamente riesgosa como la del coronavirus.

La salida al trabajo por parte de estas personas les pone en la primera línea de riesgo y son ellas, junto con el personal que trabaja en el sistema de salud, quienes nos van a permitir salir adelante en los próximos años y, en el peor de los casos, se van a convertir en la señal de alarma de que la flexibilización no funcionó.

Históricamente, Paraguay muestra altos niveles de incumplimiento de las normas laborales, aun en casos de alta rentabilidad.

Los datos estadísticos provenientes de las encuestas de hogares, los registros estadísticos del sector público, los resultados de las fiscalizaciones realizadas, las múltiples investigaciones e informes de organismos internacionales y los reportes de la prensa dan cuenta del escaso apego a la ley de los responsables del cumplimiento de las leyes laborales.

A las situaciones ya conocidas, desde el inicio de esta cuarentena se han agregado las propias de este nuevo escenario.

La prensa ha estado informando sobre empresas que no cumplieron los protocolos de cuidado y la presión ejercida por los empleadores para que sus trabajadores asistan a trabajar aun no estando entre las ocupaciones “esenciales”.

Esta situación no solo ha puesto en riesgo a los trabajadores, sino que, en muchos casos, tuvo consecuencias económicas que debieron ser asumidas por estos mismos como la compra de los materiales de prevención y el pago de multas.

En un momento en que todos deben colaborar solidariamente con el aplanamiento de la curva y la mitigación de las consecuencias económicas de la epidemia, a algunos sectores les recae con mayor fuerza el peso de estas responsabilidades, mientras que otros huyen de la parte que les toca.

La situación se agrava si consideramos que, además, quienes no pudieron aislarse en todo este tiempo y quienes van a salir primero con la flexibilización son trabajadores que en su mayoría están en las bases de la pirámide laboral.

Por eso se llaman “esenciales” y por eso van a salir primero. En gran parte, son también los de menores ingresos.

El personal de enfermería y limpieza de los establecimientos de salud, trabajo de recepción y caja, construcciones, choferes están entre los primeros y son, a la vez, los más expuestos por el tipo de tarea que realizan.

Las dos instituciones más importantes para esta labor son el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social e Instituto de Previsión Social, aunque hay otras que de manera indirecta pueden ayudar con el cruce de información.

Este es el momento en que deben demostrar, frente a tanta crítica ciudadana con respecto a la eficiencia y eficacia del sector público, que el Estado y sus funcionarios públicos sirven para garantizar el bien común y proteger a quienes están en mayor vulnerabilidad. Ojalá las autoridades de estas instituciones sean capaces de demostrarlo y revertir la creencia popular.

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