Sin embargo, durante la audiencia, el abogado defensor de Rivas, Alfredo Kronawetter, presentó la nulidad de la acusación del caso de los caseros del diputado y una serie de incidentes más, hecho que traba una vez más el proceso.
El legislador colorado es investigado a raíz de publicaciones periodísticas de Última Hora, del año 2017, que corroboraron que los supuestos funcionarios de Rivas en el Congreso Nacional no prestaban servicio alguno en la sede legislativa, pero igual cobraban salarios.
Por su parte, los fiscales Luis Piñánez y Francisco Cabrera se ratificaron en la acusación y en el pedido de elevar el caso a juicio oral y público.
Ahora, el juez Raúl Florentín deberá resolver los incidentes. La audiencia, que se realizó de manera telemática, quedó en un cuarto intermedio, por lo que hoy debe proseguir dicha diligencia, a las 8:30.
Sobre los incidentes, el abogado Kronawetter manifestó que presentaron una acción de nulidad desde el punto de vista de que nunca se le notificó a la víctima, entre otras falencias del proceso, por lo que no descarta plantear un acuerdo reparatorio.
Además, precisó que la Fiscalía presentó la acusación en fecha 23 de noviembre, debido a que culminó el periodo de investigación, pero recién en fecha 29 del mismo mes acompañó las pruebas.
En un tercer punto, el abogado indicó que su defendido fue acusado por la Fiscalía por cobro indebido de honorarios en calidad de cómplice; sin embargo, esto no puede darse, debido a que “para darse la complicidad debe haber autoría, pero la autoría fue desechada al absolverse a las otras personas en un juicio oral y público, y que fueron solamente condenadas por estafa”. Por el caso, los coprocesados, Reinaldo Chaparro, Lucio Romero y Nery Franco, fueron condenados a fines de agosto de este 2020.
La Fiscalía había pedido penas de cinco años para Chaparro y Franco, y cuatro años y medio para Romero, imputados por estafa y cobro indebido de honorarios. Sin embargo, Chaparro recibió tres años y los demás dos años y medio de cárcel.
Los magistrados desestimaron el cargo de cobro indebido de honorarios, pero sí admitieron la estafa, por la que les condenaron. El perito de la Fiscalía halló que dos personas distintas completaron las planillas de asistencia a la Cámara de Diputados.
