El proyecto hace referencia en especial, en lo que hace al mandato de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez.
La diputada del Partido Encuentro Nacional, Kattya González, señaló que “la claque política opera y consigue jueces y fiscales genuflexos quienes conforman el garrote político del gobierno”.
Indicó que el Congreso tiene “el deber de controlar y poner fin al avance autoritario para destruir el funcionamiento democrático. Pretenden condenar al Poder Judicial a una perpetua servidumbre del poder político”.
“Los magistrados y fiscales permanentemente hostigados y que desean realmente que su capacidad y honestidad sea la garantía de su carrera judicial estarán con nosotros”, dijo haciéndose eco del cuestionamiento de los colorados hacia el proyecto.
Refirió que la prisión del presidente del PLRA, Efraín Alegre, las imputaciones de ciudadanos que se manifiestan contra la corrupción, “desnudan claramente una persecución política con máscara jurídica típica de un stronismo nunca desaparecido en sectores nostálgicos del Partido Colorado.
Con respecto al juicio político a la fiscala general, la legisladora señaló que la ciudadanía tendrá la palabra. “Hay que preparar un juicio político, darle contenido, causales y fuerza”, manifestó.
De aprobarse el planteamiento, la comisión funcionará bajo la coordinación del Frente Parlamentario contra la corrupción y la designación de nueve diputados, para elaborar el informe y las propuestas de soluciones. Su integración será inversamente proporcional a las mayorías y minorías integrantes de la Cámara de Diputados, es decir 3 diputados del PLRA, 3 del tercer espacio y 3 de la ANR.
El proyecto estipula que se disponga de un lugar adecuado, logística, apoyo técnico y un total de quince abogados designados de entre los funcionarios de la Cámara de Diputados, quienes serán desafectados provisoriamente de sus tareas para avocarse a la comisión.
Por su parte, el diputado liberal Édgar Acosta, señaló que el juicio político es una figura constitucional y por ende no quebranta ningún estado de derecho.
Además, agregó que no cree que se active la figura para intentar aplicar a alguien que no merezca.
Se preguntó el porqué de “tanto tumulto”, ya que los diputados cartistas y de Añetete saltan a la defensiva de la fiscala general.
El proyecto está firmado por Kattya González, Norma Camacho, Sebastián Villarejo, Sebastián García, Rocío Vallejo, Tito Ibarrola, Carlos Rejala, Jorge Brítez, Celeste Amarilla, Édgar Acosta, Jorge Ávalos Mariño, Salustiano Salinas, Rodrigo Blanco, Robert Acevedo, Carlos María López, Pastor Vera Bejarano, Carlos Silva, Celso Kennedy, Fernando Oreggioni y Emilio Pavón.
La claque política opera y consigue jueces y fiscales genuflexos quienes conforman el garrote político del gobierno. Hay que poner fin.
El Congreso tiene el deber de controlar y poner fin al avance autoritario para destruir el funcionamiento.
Kattya González,
diputada.
