Con esa votación, el pleno de la Asamblea resolvió “enjuiciar políticamente al presidente de la República” por la “infracción constitucional de peculado”.
La resolución se alcanzó con el concurso de varios grupos políticos, el UNES, el Partido Social Cristiano (PSC) y el movimiento Pachakutik, así como de independientes.
Según la acusación, “se evidencia el desvío o distracción de los fondos” generados por la empresa estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) con compañías privadas, como Amazonas Tanker, con las que tenía relación contractual para el transporte de crudo.
De acuerdo a Veloz, el presidente Lasso, junto a un delegado suyo, Hernán Luque, “definieron la continuación de los contratos de transporte de petróleo en favor de terceros, conscientes de que los mismos representaban una pérdida para el Estado”.
Asimismo, asegura que Lasso “conocía y sabía de la estructura de corrupción en Flopec” y que incumplió su deber constitucional de impedir la supuesta trama.
El artículo 2 de la resolución parlamentaria dispone que el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, “continúe de manera inmediata con la tramitación del proceso de juicio político” contra Lasso, para lo cual debe convocar en un plazo de cinco días a una sesión del pleno para interpelar al mandatario.