Unos 300 vehículos se unieron a la caravana, que se inició en la Costanera de Asunción y recorrió el microcentro llegando al Ministerio de Hacienda y hasta la Secretaría Nacional de Turismo, sobre calle Palma.
Cristian Lozano, representante de la Asociación de Empresas Paraguayas Proveedoras para Eventos (Aseppe), señaló que entre los puntos reclamados por este gremio contemplan el pedido de inclusión de los trabajadores del sector dentro del programa Pytyvo, y para aquellos independientes con RUC y facturación cero.
Al mismo tiempo, solicitan la entrega de 3.000 kits de alimentos a la Secretaría Nacional de Emergencia (SEN) a los trabajadores de este sector, de forma mensual, hasta el término de la pandemia. Igualmente, piden la inclusión dentro de las actividades económicas especificadas en los alcances del Decreto 3881, así como agilizar los créditos del Fogapy y el fideicomiso de la AFD, para nuevos préstamos y para otros créditos paralelos adicionales.
Piden, igualmente, que los eventos habilitados durante la fase 4 de la cuarentena inteligente sean de hasta 50 participantes. En tanto que el último punto hace referencia al pago de subsidios del IPS a los colaboradores del sector eventos con suspensión laboral, hasta el fin de la pandemia.
MEDIDAS URGENTES. En tanto que Lucía Velázquez, de la Asociación Paraguaya de Operadores y Agencia de Turismo (Apoat), también insistió sobre la necesidad de que se apruebe la ley de emergencia nacional para estos sectores, como medida de contingencia urgente. Pero, además, Velázquez comenta que los agentes y operadores de turismo afrontan grandes dificultades para acceder a los préstamos debido a que los bancos se niegan a otorgarles por la facturación cero de este sector.
Los operadores turísticos también piden el otorgamiento de créditos blandos con intereses que no superen el 9% anual y con exigencias mínimas, acordes al momento de pandemia.
Solicitan que el proyecto de ley también contemple la exoneración de ANDE y Essap, desde el inicio de la cuarentena hasta abril y liberarles del pago de IPS, hasta diciembre de este año, sin que los beneficiarios dejen de recibir los servicios regulares de salud.