Situaciones llamativas van surgiendo en torno al cruce de acusaciones mutuas de hechos punibles derivadas de la denuncia por tráfico de influencias que realizó el titular de Aduanas, Julio Fernández, en contra del senador colorado Martín Arévalo. Hasta ahora, no aparecen las denuncias formales en contra de Fernández ante el Ministerio Público por parte de quienes dicen ser víctimas de hurto de una carga de electrónicos de tres millones de dólares, que había sido declarada de contrabando.
El abogado Horacio Galeano Perrone, abogado del ciudadano libanés Ahmad Khalil Chams, quien dice ser el propietario de la carga que fue secuestrada por Aduanas, señaló que había presentado la denuncia en mayo ante la Unidad de Delitos Económicos.
Sin embargo, hasta ahora no aparece el escrito pertinente. Es más, el nombrado director de Aduanas ya reiteró en descargo que Khalil Chams nunca apareció a reclamar nada en el sumario correspondiente realizado sobre la carga de electrónicos en cuestión.
La directora jurídica de Aduanas, Giselle Lampert, aseguró que no recibieron un solo pedido de informes relativo a esta denuncia por parte de la Fiscalía. Indicó que el ente sí presentó todas las documentaciones pertinentes en la denuncia que realizó por tráfico de influencias, incluidos los datos del sumario administrativo sobre la carga que fue declarada de contrabando. “No tenemos idea de que exista oficialmente una acción ni testifical ante la Fiscalía”, recalcó.
INSÓLITO. En otro orden, más curioso y llamativo resulta el caso de la denuncia del abogado Ortiz Villalba; esto debido a que habla de comisión de hechos punibles como lesión de confianza, que atribuye a Fernández y a una de sus administradoras, como también de hurto en contra de otras tres personas.
El senador Arévalo había asumido el escrito presentado y que lo elevó a consideración del titular del Senado, Óscar Salomón.
En concreto, al mencionar la supuesta comisión de hechos punibles, la instancia pertinente de acción es el Ministerio Público y no la Cámara Alta.
Lampert dijo que tampoco tienen conocimiento de que esta denuncia penal se haya hecho ante la Fiscalía. “Si estamos hablando de hechos punibles tipificados en el Código Penal, como lesión de confianza, hurto agravado y apropiación que se hace contra terceros, es de acción penal pública y es el Ministerio Público el que deberá hacer la investigación”, subrayó.
Añadió que Aduanas se enteró de la existencia de este escrito y “respondimos solo por la investidura del Senado y porque tenemos la seguridad de contar la verdad en todo esto”.
Incluso, la asesora jurídica de Aduanas refirió que el escrito habla de cuestiones gravísimas y que en ninguno de los casos ha recibido algún pedido de informe por parte de agentes del Ministerio Público.
DNA ratifica versión sobre carga
A través de su cuenta de Twitter, el titular de la DNA, Julio Fernández, reiteró y ratificó la versión del ente de que procedió legalmente en torno a la carga de electrónicos que fue incautada y declarada luego de contrabando.
Dice que denunció a la Fiscalía el robo del contenedor en el depósito de Gical, donde estaba la carga, a la vez de calificar de falso que el ente haya rematado mercaderías valuadas en tres millones de dólares solo por 600 millones de guaraníes.
También refiere que las pocas mercaderías que no fueron llevadas en el robo del depósito “son las que finalmente se adjudicaron en G. 600 millones a la firma Imeku SA, en el marco de un concurso de precios del que participaron varias empresas”.
En otro tuit, Fernández sostiene que la DN, en su momento, abrió un sumario sobre la salida irregular del contenedor de la Aduana de Encarnación y determinó que hubo contrabando y realizó la denuncia correspondiente”.
Igualmente, afirma que no es cierto que se le haya negado a Ahmad Khalil Chams la posibilidad de defenderse en el sumario, atendiendo que su nombre no aparece en la documentación de importación de los productos.
