La investigación y registros de las muertes bajo custodia del Estado se inició por parte del MNP “con el objetivo de contar con datos confiables y contrastables para pensar y elaborar políticas públicas de prevención de la tortura y malos tratos, específicamente la prevención de la muerte en contextos de encierro”, indica un comunicado del mecanismo.
La misma detalla que de los 392 reclusos muertos en los últimos 8 años, 221 fueron por omisión en la posición de garante del derecho a la salud y 110 por omisión en la posición de garante en las medidas de seguridad preventiva de la violencia entre personas privadas de libertad.
Asimismo, 18 fallecieron por omisión en la posición de garante en la prevención de siniestros y 5 por uso de la fuerza letal por parte de agentes penitenciarios.
El informe menciona que “con este relevamiento se detectaron 10 muertes de personas privadas de libertad en custodia del Estado, sobre las cuales los Departamentos Judiciales de las penitenciarías no informaron al MNP y no contaban con datos”.
