Las fiscalas Nathalia Silva, Luz Guerrero y María Luján Estigarribia recibieron ayer la comunicación de parte del subcontralor Augusto Paiva, con quien tuvieron una reunión el jueves pasado de pedido de cooperación.
La Contraloría informó que sí existe un análisis de correspondencia con relación a los abogados Amílcar y Asdrúbal Fretes. El primero había firmado un contrato con el reciente extraditado, Kassem Mohamad Hijazi, de un pago de USD 368.000 para que este obtenga “una salida jurídica” y que no sea enviado a EEUU.
Con respecto a Asdrúbal Fretes aparece como propietario de casa de préstamos y como parte de una red de sociedades.
Además, fue denunciado este año por estar supuestamente vinculado a un remate de inmuebles costosos a precios ínfimos.
El abogado Manuel Radice había denunciado ante la Fiscalía que se compró por USD 200 mil una mansión de USD 3 millones y un esquema de fraude en torno a la quiebra de bancos fue la protagonista.
Fue el cliente de Radice el que tuvo un revés, siendo “víctima del esquema de poder”. Este supuestamente fue despojado de una propiedad del Barrio Herrera de Asunción, “con maniobras dolosas” y que dicho inmueble fue vendido a la Importadora Roma SA.
Supuestamente el vínculo del clan Fretes en torno a esta propiedad, surge a partir de cómo se concretó la venta por una suma mínima y quedó como el administrador José Chechito López, quien es socio y deudor de Asdrúbal Fretes.
DEL SÍNDICO Y ESPOSA. Por otra parte, el subcontralor Augusto Paiva indicó que también se informó al Ministerio Público que hay un análisis de las declaraciones juradas del síndico de Quiebras Blas Velázquez y su esposa, la jueza Clara Raquel Isasi. Ambos supuestamente están vinculados a despojos de terrenos y están protegidos por el ministro Antonio Fretes.
El subcontralor informó que la Contraloría recién en tres meses podrá remitir los informes de todos, puesto que se está recabando datos de varias instituciones, como la Seprelad, el Ministerio de Hacienda (en relación a sociedades), el Registro del Automotor, el Indert, a ver si los funcionarios tienen registrado a su nombre propiedades y vehículos.
Ya se solicitó también al presidente interino de la Corte Suprema de Justicia, el ministro Alberto Martínez Simón, informes con relación a los investigados.
Ahora como nexo para trabajar entre la Fiscalía y la Contraloría fue designado al abogado Armindo Torres, director de declaraciones juradas.
“Una vez constatado todo ese informe, se remitirá si existe alguna irregularidad dentro del examen de correspondencia. Eso se remite al Ministerio Público y ahí ya la Contraloría culmina su proceso administrativo”, explicó Paiva.
Esto se da en medio de un candente ambiente con relación al clan Fretes y las denuncias en contra que van saltando.