De estos amparos, 49 son contra el Ministerio de Salud y 2 contra el Instituto de Previsión Social (IPS) para que, orden judicial mediante, provea los remedios a los amparistas, teniendo en cuenta el derecho a la vida.
Todos ellos, un promedio de 4 por día, coincidentemente, fueron planteados a través de la Defensoría del Pueblo, ante la oficina de Garantías Constitucionales en el Palacio de Justicia de Asunción.
Según las estadísticas, en todo el año 2022, hubo 616 amparos contra el Ministerio de Salud por el mismo tema, lo que da un promedio de 51 amparos por mes. En los 12 días, ya se alcanzó este promedio, según la coordinadora de Garantías Constitucionales, María Belén Arias.
Lo peor es que, a este ritmo, en los 31 días, estas garantías constitucionales podrían llegar a más de 120, lo que duplicará a un solo mes del año pasado.
SORTEOS. En el año, los mismos se sortean entre los 82 jueces de primera instancia de todos los fueros, pero en la feria, solo son 30 los magistrados.
Según la propia Constitución, los amparos son garantías que toda persona puede plantear por un acto u omisión, ilegítimo, de una autoridad o de un particular, que viole derechos o garantías consagradas en la Carta Magna.
Su trámite es breve, sumario, gratuito. El magistrado debe resolver de inmediato, para salvaguardar el derecho o garantía, o para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida.
En este caso, los amparos planteados señalan que por la falta de medicamentos oncológicos, los pacientes con cáncer podrían morir, si no le son suministrados. Por ello, todos son admitidos, ya que corren peligro el derecho a la vida, protegido por la Ley Suprema.
En la feria, 30 jueces de primera instancia de todos los fueros, Civil, Penal, Laboral y Niñez, son sorteados para atender estos pedidos de garantías constitucionales.
Como los sorteos van pasando uno por vez, al haber más pedidos que jueces, más de uno tiene varios pedidos.
FALLOS. Por lo general, se plantean los amparos, con pedidos de medida cautelar, para que se provea de forma urgente los medicamentos. En este caso, los jueces conceden esta medida de urgencia.
Después, se pide informe al Ministerio de Salud, con respecto a los citados medicamentos. En la mayoría de los casos, la respuesta es que los mismos no forman parte de listado de medicamentos esenciales.
Después, ya se dicta sentencia. Como prevalece el derecho a la vida, por lo general, estos amparos son concedidos, con lo que, por orden judicial, el Ministerio de Salud debe abonar el costo de los medicamentos y el tratamiento.
616
amparos se presentaron en el 2022, contra el Ministerio de Salud, para acceder a los medicamentos oncológicos.