Referentes de la sociedad civil y miembros de la Coordinadora de Abogados del Paraguay denunciaron que alrededor de 37 expedientes de casos sonados de corrupción pública corren el riesgo de prescribir, y por ende quedar impunes, debido a la excesiva lentitud de la Justicia y la falta de cumplimiento de los plazos procesales.
El pasado lunes enviaron una nota a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debido a la “alarmante” falta de una política institucional para erradicar la impunidad. El escrito también fue enviado a todos los miembros de la máxima instancia judicial y a la Fiscalía General del Estado.
En el documento se hace énfasis en que el Poder Judicial, el Ministerio Público y la sociedad civil deben cumplir sus roles respectivos. Acompaña el documento el listado completo de los expedientes que pueden quedar impunes.
Entre los expedientes figuran casos que en su momento generaron una gran repercusión, pero que pasado el tiempo han quedado casi en el olvido y que evidencian que no se respetan los plazos procesales, ya que figuran juicios del 2012, 2013, por ejemplo, que ya deberían tener una sentencia definitiva. Entre otros, figura el caso del diputado Tomás Rivas, el del ex fiscal Javier Díaz Verón, el del ex gobernador de Villa Hayes Óscar Núñez, el del ex rector de la UNA Froilán Peralta, el del ex intendente Roberto Cárdenas, quien ahora está en la cárcel, pero por otro hecho.
“El Poder Judicial y el Ministerio Publico deben garantizar transparencia y rendición de cuentas y la sociedad civil debe vigilar y verificar los procesos penales de corrupción pública”, refiere la misiva.
Mencionan además que las leyes procesales establecen plazos o términos para el inicio, desarrollo y culminación de los actos procesales.
“El incumplimiento de los plazos procesales establecidos en ley, y la consecuente morosidad judicial generan además de las consecuencias establecidas en la ley (mal desempeño de sus funciones- causal de juicio político), inconvenientes que afectan directamente a la calidad del servicio de Justicia y la materialización de la impunidad de los procesos penales por corrupción pública”, refiere la nota enviada a la Corte.
“Los graves episodios de impunidad derivados de un sistema de Justicia moroso, deficiente, anquilosado de corrupción y hasta de complicidad institucional, que se delata ante la falta de voluntad política para garantizar, por un lado, sanciones justas para las personas responsables de la comisión de delitos vinculados con la corrupción y, por el otro, la reparación integral del daño a la ciudadanía”, agrega el documento.
“Manifestamos nuestra desesperada preocupación por las graves posibilidades de que varios expedientes catalogados como “emblemáticos de corrupción” puedan quedar impunes ante la ausencia de una política institucional para cumplir con las normas citadas en el escrito”, finaliza.
“Algunos quedan por el camino por la extinción o por la prescripción, de estos expedientes muchos de ellos todavía ni siquiera se llevaron a audiencia preliminar y, en otros, ni siquiera el juicio oral; el plazo es muy perentorio y el Poder Judicial no está previendo todas estas situaciones que se están dando. Los políticos corruptos que roban están en sus casas, muy pocas veces se dieron condenas ejemplares, Paraguay se saquea 24 horas al día”, sostuvo la abogada Esther Roa.
Casos dejaron un vacío de G. 9 billones a las arcas
De acuerdo con datos proporcionados por el propio Ministerio Público a organizaciones civiles y publicados en el portal de monitoreo ciudadano anticorrupción de la Coordinadora de Abogados del Paraguay (Coapy), los casos más sonados de corrupción pública, entre los que figuran ex ministros, ex titulares de entes, ex magistrados, ex intendentes y hasta parlamentarios han dejado un desfalco de más de G. 9 billones a las arcas del Estado.
Estas impresionantes cifras, que rondan los más de USD 1.300 millones al cambio de la moneda americana, fueron el resultado del seguimiento de 49 expedientes de corrupción pública que guardan relación con lesión de confianza, estafa, lavado de dinero, producción de documentos no auténticos, enriquecimiento ilícito, entre otros delitos.
Lo llamativo es que muchos de esos casos aún no cuentan con una sentencia definitiva, y algunos hasta podrían prescribir por la lentitud de la Justicia y las innumerables chicanas impuestas por los acusados.
La descomunal suma alcanza los 9.525.320.582.326 guaraníes en total.
En el listado extraído de los casi 50 expedientes de corrupción pública se observa que el clan González Daher fue el que más perjudicó al Estado, con casi G. 1 billón en daño patrimonial.
