Es evidente para todos que esa esperanza no se ha cumplido. A diario se revelan nuevos hechos de corrupción e incompetencia de funcionarios con cargos electivos, muchos de los cuales llevan a la imputación de los responsables, pero casi nunca concluyen en sentencias condenatorias firmes. A la vez, nuestro Congreso dedica mayor atención a aumentar el plantel y las remuneraciones de funcionarios, a cargar cada vez más gravosos gastos sobre el sufrido presupuesto y a tender un manto de impunidad sobre correligionarios denunciados, que a tratar urgentes temas como los proyectos de leyes de reforma del Estado, esenciales para mejorar el desempeño del sector público.
Gracias a una enérgica prensa de investigación y denuncia, todos estos hechos se difunden ampliamente, y la ciudadanía está bien enterada del comportamiento de sus representantes y autoridades. Se supondría que estas actuaciones generarían indignación y rechazo entre los electores, pero en demasiados casos no es así. Elección tras elección, candidatos con frondosos antecedentes, o de mediocridad comprobada, son reelectos a sus cargos –o incluso a otros de mayor nivel– sin que sus historiales tengan efecto alguno en las urnas.
¿Cómo puede ser que un electorado, compuesto en su gran mayoría por ciudadanos decentes y honrados, elija tan mal? No es posible imaginar que personas sensatas prefieran tener como representantes a personajes tan impresentables. Es obvio que aquí algo no funciona, y si ese algo no es el electorado, tiene que ser el sistema.
Es cierto que los partidos políticos fomentan una mentalidad “futbolera” entre sus afiliados, anestesiando las facultades críticas de los votantes con hurras, polcas y cerveza. Esta puede ser causa de algunas malas selecciones. El negocio de compra-venta de cédulas también puede tener un efecto marginal.
Pero uno de los mayores vicios de nuestro sistema es el de la elección por listas. Bajo la sombra de cabezas de lista se camuflajean indeseables que en muchos casos compran sus posiciones en la lista en remates al mejor postor con dinero fruto de rapiñas pasadas o futuras. La nueva normativa de apertura limitada de listas puede que produzca alguna mejora, pero el sistema en sí promueve la mercantilización de la política.
Preferible es un sistema de distritos electorales, con un representante o concejal por distrito. Cada habitante de distrito tiene a “su” representante, y así es más probable que el elector conozca las actitudes, las propuestas y la trayectoria de cada uno de los candidatos. El sistema de membresía mixta proporcional, como el utilizado para el Bundestag (parlamento alemán), asegura que los partidos tengan representación proporcional.
Nuestra Constitución es notoriamente parca en lo que se refiere al sistema electoral para cargos públicos, y la mayor parte de la normativa vigente está definida por el Código Electoral. Cumplidos 15 años de la vigencia del Código actual, y teniendo a la vista los decepcionantes resultados de su aplicación, es momento de promover una revisión general del mismo.
Esta revisión debe comenzar con relevar y estudiar los sistemas electorales de países con sólida trayectoria democrática y sostenido desarrollo económico y social, como Nueva Zelanda. De allí se extraerán valiosos aprendizajes que, implementados, nos permitirán tener los representantes y las autoridades que necesitamos y nos merecemos.