Esta inesperada corriente nacionalista –de cuestionable autenticidad– surgió luego de una sucesión de hechos que pusieron en duda la previsibilidad de un sistema judicial mayormente domesticado. A saber: la orden de detención del ex presidente Cartes emitida por un juez brasileño; el arresto y encarcelamiento en Nueva York de la ex diputada Cynthia Tarragó; el anuncio del Departamento de Estado norteamericano de prohibir de por vida el ingreso a su territorio del ex senador Óscar González Daher, el ex fiscal general Javier Díaz Verón y sus familiares directos; y –de guinda– la instalación en Paraguay de un equipo de la policía federal estadounidense (el mítico FBI) para trabajar con sus pares locales en la investigación de crímenes trasnacionales.
Por supuesto que tanto al FBI como al Ministerio Público brasileño les tiene sin cuidado las trapisondas que cometa a nivel local la horda de pillos y truhanes que anidan en partidos políticos, cámaras del congreso, gremios económicos, medios de comunicación y coquetos clubes sociales. No les mueve el interés por controlar la descomposición interna ni depurar los cuadros de la burocracia pública, salvo quizás cuando su acción corrupta termina siendo funcional al crimen organizado y trasnacional.
Digámoslo claro: A Brasil y Estados Unidos solo les jode cuando desde Paraguay se lava dinero de organizaciones criminales que operan en su territorio; o cuando se convierte en corredor para el tránsito de la droga desde los países productores hacia sus mercados; o cuando desde aquí se organiza el contrabando a gran escala que afecta intereses de sus propias empresas, como la comercialización ilegal de cigarrillos, sin ir más lejos.
Al Departamento de Estado le vale madre que González Daher manipulara la justicia para garantizar su negocio de la usura; le interesaba apenas mandar una señal clara y contundente a la justicia paraguaya: “Nosotros sabemos que hay pruebas de que OGD lavaba dinero, ¿tienen ustedes la voluntad y la capacidad como para probarlo y condenarlo?”.
A la Justicia brasileña no le roba el sueño que Cartes haya colaborado con su amigo Messer. Para ellos es como el caso Capone, a quien nunca pudieron probarle sus crímenes y por lo tanto lo metieron preso por evadir impuestos. Si no pueden procesar al ex presidente por inundar su mercado con cigarrillos de contrabando, quieren, cuanto menos, echarle el guante por ayudar a “su hermano del alma” a mantenerse en la clandestinidad.
Independientemente de sus intenciones, la pregunta que tenemos que hacernos nosotros es si sus acciones vulneran realmente nuestra soberanía. Y la verdad es que no, como mucho nos humilla ante la opinión pública internacional porque nos deja al descubierto.
La Justicia brasileña puede librar todas las órdenes que quiera contra Horacio Cartes, y el Departamento de Estado dejar si visa a los siete millones que habitamos el Paraguay, pero la potestad de extraditar a un ex presidente, o juzgar y condenar a políticos, empresarios, periodistas o curas seguirá siendo exclusivamente nuestra. Seguiremos siendo total y absolutamente soberanos, o todo lo soberanos que la narcopolítica, el PCC, el EPP, el Comando Vermelho y sus incondicionales nos permitan ser.
Lo que en realidad molesta y preocupa a estos nacionalistas de nuevo cuño es la exposición… y lo que ella pueda provocar. No es lo mismo sobornar o mantener en nómina a jueces y fiscales que actúan solo para el público local, que hacerlo con funcionarios que se saben observados por sus pares del Brasil o los inquisidores ojos electrónicos de la inteligencia norteamericana. Y es así porque, aunque estos incómodos observadores no pueden torcer las decisiones rentadas, si pueden filtrar esa información a la opinión pública.
Por lo tanto, lo que les preocupa no es la soberanía, es que eso que hacen deje de ser un secreto a voces y se convierta en una maldita tapa de diario.
