Cualquier infraestructura que se realice debe garantizar la prestación de un servicio o la garantía de un derecho y además debe tener la satisfacción de los usuarios. Eso es crear valor público.
En el caso del ya mítico y polémico Metrobús, este no solo fue un fracaso, sino que además terminó teniendo un alto costo económico en muchos sentidos, desde el gasto público y el endeudamiento hasta el inconmensurable costo para las familias y empresas que quebraron en la zona de influencia de la obra.
La plataforma de Ñu Guasu, además de tener un diseño costoso y su pertinencia es dudosa si se consideran los múltiples viaductos peatonales que terminaron siendo eliminados por su falta de uso y en algunos casos uso inadecuado, trae consigo la sospecha de un proceso de contratación amañado.
El puente a Chaco’i, por su lado, tiene como principal crítica la ausencia de valor público: ¿Qué necesidad satisface?, ¿qué derecho garantiza?, ¿quienes serán los usuarios? Las autoridades responsables de las mismas deben haberse hecho estas preguntas, y estas deben estar respondidas en el proyecto, que a su vez debiera estar a disposición de la ciudadanía.
El problema de las obras no solo es su costo. Aunque estos sean bajos y eficientes y se tengan los recursos, también es necesario considerar el costo de oportunidad. ¿Qué obras deja el país de construir al tomar la decisión de realizar otras?
Asunción y el Departamento Central tienen infinitas necesidades derivadas de un rápido crecimiento poblacional en el área metropolitana.
Los raudales, los cortes de energía eléctrica y de agua, así como también la mala calidad de la vivienda y del transporte público, son ámbitos que han sido postergados por ya demasiado tiempo y por todos los gobiernos, y que afectan a la totalidad de la población.
A pesar de ello, los ministerios de Obras y de Hacienda deciden realizar y financiar obras de dudoso valor público y para colmo en un contexto de restricciones fiscales que obliga al país a contratar deuda. El proceso de endeudamiento ya llegó a niveles tan altos que obligó a aumentar también la proporción de deuda destinada a pagar deuda.
En definitiva, estamos ante una situación preocupante en términos de decisiones políticas sobre la prioridad de las obras de infraestructura que necesita el país, el creciente nivel de endeudamiento y la mala gestión de las contrataciones públicas.
Frente a esta situación, el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Hacienda deben parar la pelota y reflexionar sobre las decisiones que están tomando.
No solo están pervirtiendo la política de infraestructura, sino que están llevando el país hacia una encrucijada financiera para que los favorecidos sean una parte ínfima de la población.
