EFE
Cientos de personas, entre familiares, camaradas y amigos, despidieron a García Meza (1980-1981) con una misa en un templo castrense de La Paz, donde falleció ayer a los 88 años en un hospital militar por una dolencia cardiaca.
Un homenaje con rasgos militares, en el que se emularon salvas de artillería y se repitieron los vítores, pese a que el Ministerio de Defensa de Bolivia aclaró que no correspondía honor alguno.
El militar había sido dado de baja hace años del Ejército por “desprestigiar” a esta institución con el golpe de Estado que lo llevó al poder y “por el atropello a los derechos humanos” que cometió entonces, advirtió en un comunicado el Ministerio de Defensa.
El Gobierno de Evo Morales fue parco en pronunciamientos, salvo una breve declaración del canciller, Fernando Huanacuni, para calificar de “nefasta” aquella etapa por el dolor causado a las familias de víctimas de masacres cometidas en esa dictadura.
Por su parte, el Ministerio de Justicia recordó que más allá de las investigaciones sobre desapariciones, muchas sin esclarecer cuatro décadas después, sigue abierto un caso por supuestas ganancias ilícitas contra la esposa e hijos de García Meza.
“Yo no maté, ni robé”, defendió el dictador en un carta póstuma, que escribió en 2015 pero que por su propia voluntad no fue leída hasta el día después de su muerte.
La misiva, mostrada ante los medios por su abogado de los últimos años, Frank Campero, elude cualquier responsabilidad y carga contra otro dictador y luego presidente constitucional de Bolivia, Hugo Bánzer (1971-1978 y 1997-2001), por haberle pedido hacer el “golpe de Estado”.
García Meza asegura que tuvo que “asumir responsabilidades de otros”, entre los que señaló a su ministro del Interior, Luis Arce, condenado como él por crímenes durante su dictadura.
Incluso varias desapariciones sin resolver, como la del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, cuyos restos nunca se hallaron.
Las víctimas lamentaron que la muerte del dictador reduce las posibilidades de saber la verdad sobre los desaparecidos en Bolivia, cuyo paradero en muchos casos sigue siendo un misterio.
En declaraciones a Efe, la secretaria ejecutiva de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd), Edith Montecinos, indicó que ahora hay “menos posibilidades de saber la verdad” sobre el destino de varios de los asesinados y desaparecidos de la última dictadura que tuvo Bolivia.
Su esposo fue asesinado con 25 años, solo por ser dirigente universitario, denunció.
Montecinos sostuvo que con el trabajo de la Comisión de la Verdad, instaurada hace poco en el país, se piensa “que hubo muchas más” desapariciones, como las que se cree que se produjeron en Caracoles, un centro minero del occidente del país.
“En Caracoles se está evidenciando que no los enterraron como debía ser, sino que los desaparecieron”, manifestó la activista.
Edith Montecinos se refirió a García Meza como un “canalla”, que no mostró el menor arrepentimiento.
García Meza fue extraditado a Bolivia por la Justicia brasileña en marzo de 1995 y un tribunal boliviano lo sentenció a treinta años de cárcel sin derecho a indulto por delitos de su dictadura, en la que murieron y desaparecieron varios dirigentes de izquierda.
El dictador fue condenado a reclusión en un penal de máxima seguridad en La Paz y en esta gestión se iban a cumplir 23 años de su condena, si bien pasó al menos los últimos cinco ingresado en un hospital militar de la ciudad aquejado de dolencias cardiacas.
