El papa Francisco emitió ayer un motu proprio (documento pontificio), que asigna a la Justicia Ordinaria del Vaticano los eventuales juicios penales a cardenales y obispos, hasta ahora competencia del Tribunal de Casación (Supremo).
El texto modifica la competencia de los órganos jurídicos del Vaticano con el objetivo de alcanzar la igualdad a la hora de impartir justicia, tal y como el Pontífice reclamó en su discurso de apertura del Año Judicial. “La exigencia prioritaria es que, también con oportunos cambios normativos, del sistema procesal vigente emerja la igualdad de todos los miembros de la Iglesia y su igual dignidad y posición, sin privilegios que se remontan en el tiempo y que ya no son consonantes con las responsabilidades de cada uno en la aedificatio Ecclesiae (construcción de la Iglesia)”, defendió el Papa.
En este sentido —explica en el motu proprio— en la actualidad se advierte la exigencia de modificar el ordenamiento jurídico del Estado para asegurar a todos un juicio articulado en más grados y en línea con los sistemas judiciales internacionales más avanzados. La ley modificada es la CCCLI, que regula el sistema judicial del Estado pontificio. La primera modificación es la de su artículo sexto, para asignar a la Justicia Ordinaria los procesos a cardenales y obispos previo asentimiento del Sumo Pontífice.
Aunque ello con una serie de excepciones establecidas en el artículo 1401 del Código de Derecho Canónico: “Las causas que se refieren a cosas espirituales o inherentes a ellas o la violación de las leyes eclesiásticas y de todo aquello que contenga razón de pecado”. El segundo cambio es la derogación del artículo 24 de la mencionada ley: “La Corte de Casación es la única competente para juzgar, previo consentimiento del Sumo Pontífice, a los cardenales y obispos en las causas penales”. Es decir, un aforamiento hasta ahora reservado a los más altos cargos del Vaticano con el que el Papa acabó. EFE
