El origen del proceso en la Corte de Luxemburgo es la denuncia de Mario Costeja, que pidió a Google la retirada de un anuncio de subasta por un impago contra él y su mujer ocurrido hace 15 años.
El litigio enfrenta a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y a Google sobre el conocido como “derecho al olvido”.
Fuentes cercanas al caso declararon que el buscador de internet considera que la información que quiere eliminarse son datos del Gobierno que fueron públicos y válidos originariamente.
El afectado denunció que en 1998 un periódico español de gran tirada publicó en su edición impresa, que luego se digitalizó, dos anuncios relativos a una subasta de inmuebles relacionada con un embargo derivado de deudas a la Seguridad Social.
En noviembre de 2009, esta persona contactó con la editorial del periódico y explicó que al introducir su nombre y apellidos en el motor de búsqueda de Google aparecía una referencia que enlazaba con las páginas del periódico que incluían los anuncios.
Alegó, asimismo, que el embargo estaba solucionado y resuelto desde hacía años y carecía de relevancia en aquel momento.
La editorial le respondió que no procedía la cancelación de sus datos y remitió un escrito a Google España para pedir que desvinculase su nombre de los enlaces al periódico, pero la compañía le envió a Google por entender que ésta era la empresa que presta el servicio de búsqueda en internet.
El pasado 25 de junio, el abogado general del TJUE Niilo Jääskinen consideró que Google no es responsable de los datos personales incluidos en las páginas web a las que remite su servicio de búsqueda y que la normativa europea no ampara el derecho al olvido.
