EFE
RÍO DE JANEIRO - BRASIL
El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil recibió hasta la noche del miércoles, cuando vencía el respectivo plazo, un total de 16 impugnaciones contra la candidatura presidencial del ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, que está preso por corrupción, informaron ayer fuentes oficiales.
Entre los que exigen que se vete la participación del líder socialista en las presidenciales del 7 de octubre, en su mayoría partidos políticos, destacan la propia Fiscalía General de la República y el Ministerio Público Electoral.
Pese a que lidera con gran ventaja todas las encuestas de intención de voto para las presidenciales, Lula, preso desde abril para cumplir una condena de 12 años por corrupción, está virtualmente inhabilitado debido a que la legislación veta las candidaturas de condenados en segunda instancia por tribunal colegiado, como es su caso. Pese a ello, el Partido de los Trabajadores (PT) inscribió su candidatura el 15 de agosto con el argumento de que Lula fue condenado sin pruebas víctima de una persecución política y de que la democracia estaría amenazada con el veto del aspirante favorito a vencer las elecciones. La última palabra la tendrá el Tribunal Superior Electoral, que aún no se pronunció sobre el asunto y tiene de plazo hasta el 17 de setiembre, cuando faltarán 20 días para las elecciones. De acuerdo con la legislación electoral, el Tribunal publicará en los próximos días un edicto en el que constarán todas las peticiones de impugnación contra Lula y a partir de ese momento la defensa del ex presidente tendrá un plazo de 7 días para responder a todos los asuntos cuestionados.
juristas piden respeto. Once juristas y abogados europeos y latinoamericanos, entre ellos el ex juez español Baltasar Garzón, reclamaron ayer a las autoridades brasileñas que respeten la decisión del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la candidatura presidencial del ex mandatario Lula da Silva.
El llamamiento se recoge en una carta fechada en París y dirigida al presidente brasileño, Michel Temer; al canciller, Aloysio Nunes; al ministro de Justicia, Torquato Jardim, y a los once ministros del Supremo Tribunal Federal.
El Comité pidió el 17 de agosto a Brasil que se tomarán las medidas pertinentes para que Lula pueda ejercer sus derechos políticos como candidato mientras se encuentra en prisión. Ese órgano, que supervisa a los Estados en el cumplimiento de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aclaró que se trataba de una medida interina con la que preservar los derechos del ex mandatario, y no de un pronunciamiento de fondo sobre su caso.