Mediante una nota de prensa, el TSJ explicó que tomó esta decisión “dadas las circunstancias extraordinarias que atraviesa la nación en el ámbito social, económico y político que afecta el orden constitucional y, en consecuencia, la paz y la seguridad en el espacio geográfico”.
Para el Supremo la determinación del Ejecutivo “se orienta al bienestar de los ciudadanos” algo que, afirmó, “sustentó la conformidad del decreto” respecto de la Constitución.
Este instrumento, continúa el TSJ, “posibilita la adopción de las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno y el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida”.
Maduro firmó el domingo esta norma para superar la crisis económica, el primero de este año, pero que implica una sexta extensión a este documento que lanzó hace un año exactamente.
El presidente venezolano celebró haber lanzado este decreto hace un año y renovarlo de manera continua, lo que le permitió “transitar la tormenta” en un año 2016 que calificó como “duro”, “difícil”, de “resistencia” y de la “intensificación del asalto al poder por parte de la oligarquía”.
Estos decretos permiten al jefe de Estado, entre otras, disponer de los recursos de la nación sin pasar por el Parlamento, actualmente controlado por la oposición y declarado en desacato por el Supremo que determinó como nulos todos los actos de la Cámara hasta que cumpla con unas sentencias del Poder Judicial.
