Hay posturas dispares en la Cámara Alta. Por un lado algunos senadores quieren el rechazo y por otro abogan por la aprobación de la propuesta.
El liberal Fernando Silva Facetti considera que se apunta a blanquear a los ocupantes irregulares de las tierras.
Mientras tanto, Fidel Zavala, de Patria Querida, refiere que se pretende regularizar y acabar con una situación que tuvo origen en un acto administrativo vergonzoso.
Silva remarcó que en el año 1995 fueron expropiadas más de 200.000 hectáreas y el Estado pagó millones de guaraníes dentro del marco de la reforma agraria.
“Se hicieron lotes para ganadería y campesinos. Se fueron comprando derecheras personas que no son sujetas de reforma agraria. Por poder económico ocuparon”, dijo.
“Hasta Pavão tenía su propiedad y hoy se pretende blanquear lo ilegal”, sostuvo, e insistió en que los ocupantes tienen mucho poder económico, y no son sujetos de la reforma agraria.
“Se pretende vender lo expropiado para hacer caja en el Indert. Lo que hay que hacer es castigar a los que eran presidentes del Indert que dejaron que crezcan”, indicó.
“Vamos a pedir el rechazo y urgir al Indert que cumpla la ley, recuperar las tierras y dar a las personas que corresponden”, manifestó.
En cuanto a los datos de los actuales ocupantes, refirió que es un secreto bien guardado en el Indert a pesar de que se hizo un censo.
Señaló que en la zona hay estancia con pista de aviación, animales de primerísima calidad y caminos internos bien desarrollados, y con anuencia y complicidad del Indert.
Zavala por su parte detalló sobre el proyecto, explicando que se apunta a identificar al tenedor y ocupante de las tierras, que tiene que ser de nacionalidad paraguaya.
Mencionó además que se debe elaborar un censo que permita la inscripción de los beneficiarios que deberán aportar documentación, y en cuanto a las parcelas que no estén inscriptas serán consideradas invadidas.
otros temas. Además, en el orden del día figuran varios pedidos de informes a distintas instituciones; así como una gran cantidad de ampliaciones presupuestarias.
Una de ellas es para la Corte Suprema de Justicia por un G. 9.500 millones.
Hay una propuesta que proviene de Diputados que tiene que ver con la modificación de varios artículos de la ley de Cooperativas, y un proyecto sobre crédito rural diferenciado.
En la agenda también figura una declaración de emergencia de la agricultura familiar campesina, y se alega una catastrófica caída de precios, problemas de comercialización e insuficiente control del contrabando de productos.
