El proyecto, que fue anunciado en agosto pasado por el Gobierno de Enrique Peña Nieto, ha pasado ahora a la Cámara de Diputados, que comenzará a analizarlo en las próximas horas, con la intención de que el trámite legislativo quede completado el domingo a más tardar.
Y ello porque el período ordinario de sesiones legislativas de este año vence el próximo domingo, y tanto el Gobierno como el oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) quieren cerrar el proceso antes de que los legisladores se vayan de vacaciones.
“A partir de esta decisión, México se volverá un referente energético a nivel mundial: aprovecharemos mejor nuestros bastos recursos energéticos, que antes eran técnica y económicamente inviables de explotar”, afirmó Peña Nieto poco después de que el Senado completara la aprobación de la iniciativa.
Según el gobernante, la reforma aprobada hoy es “transcendental” porque permitirá que “el sector energético impulse el desarrollo industrial y regional del país”.
El proyecto, que incluye reformas a tres artículos de la Constitución y por ello necesitaba los dos tercios de los votos de los senadores, fue enriquecido durante el trámite legislativo con aportes del conservador Partido Acción Nacional (PAN).
Entre las modificaciones introducidas figura la posibilidad de que el Estado firme contratos de producción con empresas privadas, nacionales o extranjeras, algo que venía pidiendo el PAN, que consideraba insuficiente la apertura propuesta por el Gobierno.
El Gobierno sólo planteaba la posibilidad de contratos de utilidad compartida, pero no de producción.
El académico de la Universidad Iberoamericana Jesús Amador Valdés destacó “el mayor nivel de apertura de la industria energética”, un proceso en el que ya han entrado países de economías socialistas como Cuba.
La reforma puede “contribuir a hacer un mejor uso de los recursos energéticos del país”, dijo a Efe Valdés.
Desde que en 1938 se decretó la expropiación petrolera en México, los hidrocarburos han sido explotados por la empresa pública Petróleos Mexicanos (Pemex), una compañía que sufre una gran carencia de inversiones.
Sin embargo, los efectos en el sector tardarán en notarse. Faltan por presentarse las leyes secundarias que regularán la reforma energética y, además, pasará bastante tiempo hasta que comiencen a operar empresas privadas en el sector.
“Esto va a tardar todavía un rato. Incluso en las leyes secundarias se van a llevar unos 180 días”, declaró a Efe el editor de la revista Petróleo y Energía de México, Milton Méndez.
Asimismo, todo ello queda pendiente de la posibilidad de que triunfe una propuesta de la izquierda para someter a consulta popular esta reforma, que podría llevarse a cabo durante las elecciones legislativas del 2015.
La reforma, aunque es vista con buenos ojos por los analistas, tiene pendientes algunas asignaturas, como los porcentajes de utilidad que se compartirán con la iniciativa privada y el marco de transparencia que se necesita para las operaciones.
A la espera de mayores definiciones, el escenario favorece más a empresas extranjeras, porque en México el sector está monopolizado por Pemex.
“Hay empresas estadounidenses listas para entrar”, agregó Méndez al referirse al ambiente encontrado en un reciente foro energético celebrado en la ciudad de San Antonio (EE.UU.).
Ya ha quedado claro en el proyecto que Pemex explotará los yacimientos más rentables, y los que se sitúan en aguas ultraprofundas o la explotación de crudo o gas “shale” pueden ser las áreas que intentarán ofrecerse a la iniciativa privada.
Según cálculos de Pemex, México necesita una inversión de 60.000 millones de dólares de promedio anual en los próximos diez años para desarrollar su potencial de exploración y producción de crudo.
La petrolera también requiere otros 40.000 millones de dólares en los próximos cinco o seis años para ampliar su capacidad de refinado, muy restringida ahora y que obliga al país a importar casi la mitad de la gasolina que se consume.
Los analistas calculan que, cuando esté definido todo el esquema, la reforma energética y otra fiscal aprobada recientemente por el Parlamento permitirán a México un crecimiento adicional de su economía del 1 o 1,5 % anual.
Este año, el Gobierno estima que lo cerrará con un crecimiento del 1,3 %, y para 2014 el Banco de México calcula que el producto interno bruto (PIB) aumentará entre un 3 y un 4 %.
