El Senado sancionó ayer una ley de normas de utilización y control de las ONG que reciben aporte del Estado, pero eliminó la sanción e incrementó el porcentaje permitido para los gastos administrativos.
En el documento original de Diputados establecía que “sin perjuicio de las sanciones penales que pudieran corresponder, la inobservancia de las normas establecidas en la presente ley inhabilita a la organización respectiva a recibir los beneficios de aportes del Estado por un periodo de cinco años"; sin embargo, este artículo de sanción fue borrado por la Cámara Alta.
Otra modificación que sufrió el proyecto es el incremento de 10 a 20% para los gastos administrativos, y sin incluir los pagos de honorarios profesionales lo que da pie a que las ONG destinen más dinero a rubros burocráticos antes a planes que le permitan lograr los objetivos para los que fueron creados y por los que el Estado decide darles un aporte.
El pleno del Senado se ratificó ayer en la aprobación con las modificaciones hecho que molestó a la Cámara Baja que considera que se eliminó la esencia de la ley.
Una de las proyectistas, la diputada liberal Blanca Mignarro, refirió que el objetivo de la ley era un mayor control e intervención de la contraloría en estas organizaciones no gubernamentales porque muchas no destinan el dinero recibido para los fines con que fueron creados.
ARGUMENTOS. El senador patriaqueridista Arsenio Ocampos defendió la decisión de su cámara argumentando que actualmente las leyes administrativas ya no incluyen sanciones porque ya deben estar establecidas en el Código Penal.
Sobre el pago de honorarios a profesionales, Ocampos refirió que la mayoría de las organizaciones no gubernamentales para cumplir con su trabajo necesitan pagar asesorías, profesionales para capacitación, etc.
La ley establece que las ONG deben rendir cuenta de sus gastos a la Contraloría cada tres meses y un informe anual al Congreso, y la presentación de este último será requisito indispensable para el estudio del presupuesto nacional.