La fragmentación de nuestra sociedad en sectores desconectados y en muchos casos enfrentados (un legado que heredamos de la dictadura) está limitando la posibilidad de construir políticas públicas de Estado consensuadas a fin de alcanzar el bienestar de las personas y el desarrollo sostenible de nuestro país.
Sin un Estado, integrado y colaborativo; es decir, sin un Estado que fortalece su Capital Social, muy difícilmente se podrán alinear los esfuerzos colectivos para lograr resultados que beneficien a la mayoría.
Las ONG u organizaciones ciudadanas sin fines de lucro, representan a ciudadanos que aportan sus capacidades para resolver problemas que les afectan o que afectan a la mayoría.
Organizaciones de base como los Consejos Locales de Salud, los Bomberos Voluntarios, las Juntas de Saneamiento, las Comisiones Vecinales, los grupos juveniles, las instituciones religiosas como Fe y Alegría, Pa´i Puku, las organizaciones comunitarias de fomento, las Asociaciones de Padres o Cooperadoras Escolares, las Instituciones que asisten a las personas con discapacidad, o las organizaciones intermedias como las Fundaciones, las Asociaciones de Utilidad Pública y las Asociaciones de Capacidad Restringidas que son organismos abocados a fortalecer a los sectores marginados para que su voz sea escuchada en la esfera pública y logren su autogestión, o los grupos que representan el interés de los distintos sectores de la sociedad, como los gremios y sindicatos, son todas organizaciones de la sociedad civil o ONG que forman una red de instituciones que son fundamentales para la representación de los ciudadanos ante el sector público y en la construcción de nuestra democracia.
Son todas organizaciones que “ayudan” a resolver los problemas donde el Estado no tiene suficiente capacidad o competencia. Pero no tienen la función de sustituir al Estado, sino en colaborar con este en la solución de los problemas que afectan a la sociedad. Ya que gracias a su tamaño y ubicación cercana a la población son más ágiles y logran ubicar más eficientemente los recursos públicos o de la cooperación internacional.
Esta nueva estrategia de atacar a los sectores de ciudadanos organizados no solo limita el espacio cívico y las posibilidades de acción de estas organizaciones, sino que puede ir desmembrando el capital social que existe y poniendo en peligro nuestro desarrollo y democracia.
