Opinión

El rearme de las FF. AA.

Para lo que el Paraguay necesita, las Fuerzas Armadas están ascendentemente bien. Después de mucho tiempo los militares ya no perturban la paz interna de la nación. Se están profesio- nalizando, en tanto corporación que se dedica a sus roles. Y se están institucionalizando, como fuerza pública obediente de la Constitución, no deliberante y subordinada a los poderes del Estado. En tal sentido, ni siguen siendo un instrumento de los políticos ni se inmiscuyen, ilegal e ilegítimamente, en la política.

Este es el papel adecuado de las Fuerzas Armadas en la democracia. Y contribuirán a fortalecerla en la medida en que sean factores de desarrollo. Vale decir, no desequilibrantes, sino que, dentro de sus atribuciones, cooperen en las obras de interés general y, sobre todo, para que no sean una carga onerosa al país.

Las prioridades de la nación son el desarrollo con equidad y la paz con bienestar para todos. Dentro de esos marcos se justifican la propia existencia de las Fuerzas Armadas, su proporción y equipamiento, y sus acciones siempre limitadas por la ley.

Para responder a esas justificaciones, explicadas por nuestras necesidades y fundadas en la racionalidad, son tres los sectores que tienen las responsabilidades compartidas que hay que asumirlas con sensatez y eficacia.

El primero de ellos son los poderes del Estado que conforman el Gobierno, principalmente los poderes políticos, como son el Legislativo y el Ejecutivo. En las atribuciones que les competen sobre las Fuerzas Armadas, no pueden extraviarse de las rutas que exigen el desarrollo integral de la nación y la paz con libertad, igualdad y bienestar de la República.

Por tanto, el actual Gobierno mal puede entregarse a la aventura de un rearme de nuestras Fuerzas Armadas. El Congreso tiene, por el contrario, el compromiso ineludible de velar por que los gastos y las inversiones del Estado se destinen a la educación, a las obras de infraestructura, a la salud, a la vivienda y a los sectores productivos.

El Ejecutivo tiene, por su parte, la obligación de administrar los recursos nacionales con destino a la concreción de esos fines. Para el Gobierno, entonces, es un soberano despropósito la intempestiva pretensión de utilizar los fondos de Itaipú -y, en general, usar los ingresos nacionales- para la adquisición de materiales bélicos, que pronto serán obsoletos, si es que ya no lo son.

Esta sangría sería demencial cuando lo que el país clama es el combate a la pobreza. No agravar la indigencia social para alimentar el despilfarro, la corrupción e incluso el terrorífico retorno al militarismo.

El segundo sector tiene que ver con los políticos y su responsabilidad. Ya se sabe que hay fascistas irredimibles entre ellos, cuya imaginería de indefensión militar solo servirá para especular con el dinero del pueblo. Siendo una minoría ávida e inmoral, la mayoría política tiene el deber ético de poner por delante las genuinas prioridades del país. Y empezar, eso sí, a contribuir a su desarrollo con equidad.

Si de todas maneras se pretende desviar la atención nacional de nuestros graves y estructurales problemas sociales, económicos y culturales, las Fuerzas Armadas bien harían en pensar que la defensa de la soberanía territorial de la República depende, irrebasablemente, del desarrollo del país. Y con la austeridad y prudencia que la realidad le exige a su jerarquía, dejar de incordiar al Gobierno y a la ciudadanía con esa intención de rearme militar.

Como tercer sector, entonces, la Fuerza Pública, que tiene una responsabilidad genérica para que el Paraguay pueda disponer de la mayor inversión posible en sus factores reales de desarrollo, de paz pública y social, y un mejor vivir en la patria. Siempre y donde quiera, lo apacible depende del rearme de la prosperidad de todos.

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