Un documento al que accedió este martes radio Monumental 1080 AM revela un dictamen enviado al Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), que advertía sobre irregularidades en el contrato con la empresa Neighpart Saeca para provisión de quirófanos modulares, afirmando que se realizó sin estudio previo para determinar si había infraestructura para instalar los equipos.
También calificó de “cumplimiento imposible” el contrato y cuestionó que a pesar de ello se haya autorizado el pago del 10% del monto.
“La auditoría interna lo que dijo fue: ‘Estas son las falencias que se encontraron y estos son los responsables’. Eso se elevó nuevamente al consejo y ahí tuvo su tratamiento, pero eso no fue aprobado por algunos consejeros”, explicó a la misma emisora radial, Alicia Olazar, ex directora de Auditoría de la previsional.
Olazar insistió en que el documento en cuestión detallaba las irregularidades que rodeaban al polémico contrato.
“En ese informe llegamos a la conclusión de que la planificación estuvo mal. Ya en cadena vinieron las demás irregularidades, adendas una tras otra, extensión de plazos porque era de imposible cumplimiento”, agregó.
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🔴 Exdirectora afirma que IPS ya identificó a responsables por contrato de quirófanos modulares
— Monumental AM 1080 (@AM_1080) August 11, 2026
👉🏼 Alicia Olazar, exdirectora de Auditoría, recordó que en abril de 2024 remitió al Consejo de Administración un informe categórico sobre el contrato para la provisión de quirófanos… pic.twitter.com/0JcUNfucPV
La auditora, refiriéndose a la actuación del Consejo del IPS, afirmó que buscaron encontrar la mejor solución al problema presentado. Señaló que aunque los equipos fueron entregados y recibidos, las responsabilidades administrativas persistieron.
“Eran equipos ya adquiridos, que se pagaron, que estaban recibidos, pues encontraron que era lo mejor tratar de darle el mejor uso a eso y me parece bien. Pero eso no le exime de responsabilidades administrativas emergentes, independientemente de que haya o no daño patrimonial”, explicó.
¿Cómo votó el Consejo?
El 30 de junio de 2024 se reunió el Consejo Administrativo de la previsional para tratar el dictamen elevado y decidió no hacer lugar a la recomendación de investigar el caso por el voto del consejero Aníbal Manuel de los Ríos.
El consejero Carlos Pereira se abstuvo de votar, al igual que Jorge Magno Brítez, que en ese momento era el titular del Consejo. En el documento que remitieron a la Dirección Jurídica afirman que los inconvenientes que aparecen en el informe ya “están subsanados”.
Dos años después de la compra, el fiscal Julio Ortiz imputó a Jorge Brítez y Vicente Mario Bataglia, ex presidentes de la entidad, además de otros siete funcionarios por el supuesto hecho punible de lesión de confianza.
La denuncia se refiere a hechos punibles de lesión de confianza por el caso de las adendas de quirófanos modulares. De acuerdo con el Ministerio Público, se señala un perjuicio económico al Instituto de Previsión Social de G. 61.000 millones.
