Sergio Coscia, procurador general de la República, viaja en la fecha a Montevideo, Uruguay, para tomar contacto con las autoridades de este país, donde, según la Interpol, habrían ingresado ilegalmente los paraguayos Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, que huyeron del Brasil, donde perdieron recientemente el estatus de refugiados políticos, que gozaban desde el 2003.
Coscia dijo ayer que realizarán todas las gestiones posibles para evitar que los connacionales, requeridos por la Justicia paraguaya, obtengan refugio político en el Uruguay.
Con ese objetivo, explicó que tomará contacto con autoridades de la Fiscalía y de la Justicia uruguaya para ponerlos en conocimiento de la situación procesal actual de los tres ciudadanos considerados prófugos de la Justicia, puesto que están procesados por la supuesta implicancia en el secuestro de la empresaria María Edith Bordón de Debernardi, ocurrido en el 2001.
“Hay una nueva orden de captura internacional actualizada y un pedido de extradición, que gestionaremos con funcionarios de la Cancillería Nacional que me acompañan en esta misión”, expresó el procurador.
Agregó que impulsarán todos los trámites para evitar un posible otorgamiento de refugio a los tres ex militantes del extinto partido Patria Libre e iniciar los trámites para que sean capturados con fines de extradición.
El lunes último, la Dirección de Interpol de la Policía de Uruguay informó al Departamento de Interpol de la Policía paraguaya que los procesados estarían en territorio uruguayo y que serían susceptibles de localización.
El pasado 14 de junio, el Comité Nacional de Refugiados del Brasil (Conare) dictaminó revocar la categoría de refugiados, a los tres compatriotas que, posteriormente apelaron esta decisión ante el Ministerio de Justicia del vecino país., que el 23 de julio confirmó la resolución del Comité de Refugiados.
La situación de Arrom y compañeros cambió rotundamente este año luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante el cual denunciaron al Estado paraguayo por supuesta tortura y retención ilegal, falló a favor de Paraguay por falta de pruebas. Los mismos pedían una indemnización de 123 millones de dólares. Cuando la semana pasada rechazaron la apelación que presentaron en Brasil, ya había surgido el rumor de que habían abandonado este país, ante la inminencia de la extradición a Paraguay, que ya la Cancillería Nacional había solicitado de nuevo el 24 de junio.