Opinión

El problema no es la deuda, es cómo la pagamos

Iván Lisboa – ilisboa@uhora.com.py

En un contexto de incertidumbre y una abrupta merma de las inversiones en todo el mundo, la última emisión de los bonos soberanos hecha por el Gobierno Nacional en el mercado internacional, por USD 1.000 millones a una tasa del 4,95%, nos volvió a demostrar que nuestro país está rozando el grado de inversión.

La demanda por nuestros títulos de deuda fue siete veces superior al monto ofertado, por lo que los tenedores de los papeles confían no solo el retorno efectivo de su inversión, sino que ven también que nuestro país mantendrá su estabilidad económica en los próximos 10 años.

Con esta última operación, a lo que se suman los desembolsos de créditos multilaterales, la deuda pública va trepando y, de acuerdo con las estimaciones oficiales, estaría llegando a los USD 11.000 millones. Esto equivale al 28% del producto interno bruto (PIB).

Organismos como el Fondo Monetario Internacional, en diferentes análisis hechos en los últimos años, nos han dicho que el tope de endeudamiento presente considerado como prudente se ubica entre el 30% y el 40% del PIB. Superar estos límites podría significar dificultades de pago y problemas para conseguir nuevo financiamiento en un país que depende casi exclusivamente de la deuda para la inversión pública.

Si bien nuestra deuda presente podría estar varios puntos porcentuales por debajo del 28% citado más arriba (con descuentos de intereses y otros) y en este momento lo primordial es conseguir recursos para hacer frente a las urgencias sanitarias y económicas por el coronavirus, estas estadísticas nos deben llevar a reflexionar en el corto tiempo sobre el crecimiento acelerado de la deuda y la sostenibilidad de las políticas públicas que rodean el incremento de la carga para cada ciudadano.

El problema no es el nivel de la deuda presente, es cómo le hacemos frente en el futuro inmediato.

Es cierto que el endeudamiento permitió avances significativos en inversión en infraestructura. También es cierto que mediante la emisión anual de bonos, principalmente, se mejoró el manejo de los compromisos mediante las operaciones de administración o recompra.

Sin embargo, hay una ecuación que preocupa: El comportamiento de los ingresos tributarios y el crecimiento de la deuda.

Por un lado, el ahorro fiscal es nulo producto de los sucesivos déficits y la recaudación de impuestos (SET+Aduanas) ha aumentado en un promedio del 7% desde el 2014 al 2019. Esto, sin embargo, no hizo efecto en la presión fiscal (recaudación sobre el PIB), que del 9,7% registrado oficialmente en 2014 pasó al 9,9% en 2019. La variación, así pues, ha sido de apenas 0,2 puntos porcentuales en 5 años.

Por el otro lado, la deuda pública está creciendo sin freno de mano. De un pasivo de USD 5.400,3 millones en el 2014, se pasó a un nivel de USD 8.859,1 millones en 2019. Esto representa un incremento del 64% en el último quinquenio. Si tomamos el valor de la deuda citado al principio tras las últimas operaciones de abril, se puede decir incluso que el pasivo se ha duplicado desde el 2014 a la fecha.

Es entonces, evidente, que necesitamos reformas para garantizar la sostenibilidad de la deuda.

En primer lugar, el Congreso “descajonea” el proyecto de administración de pasivos. Este plan de recompra anticipada de deuda permitiría oxigenar los vencimientos en los próximos años. El Legislativo, no obstante, debe asegurar que estas operaciones estén realmente supervisadas y no se conviertan en un carnaval sin regulación.

Esta operación, conocida popularmente como bicicleteo de la deuda, puede dar al poder político el tiempo necesario para impulsar las reformas que se necesitan en cuanto a los ingresos y los gastos. Es fundamental aumentar la capacidad de recaudación con mayor carga a los sectores más ricos y disminuir el despilfarro con el dinero público. Solamente un esquema eficiente de administración podrá garantizar capacidad de pago en el futuro.

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