El Covid-19 ha ayudado a desnudar en pocos meses años de ninguneo del sector político hacia el sector privado. La verdad que vimos que el área política no es dueña de nada, ya que no participa en la construcción de la generación del ingreso. Por lo tanto, no corre riesgos, no hace la inversión, ni enfrenta los desafíos de ser rentables, justamente para “poder pagar impuestos”.
El área política es la administradora de un bien que es producido por el área privada, área que incluye a todos los ciudadanos con su aporte directo en cuanto al IVA y al ISC. El sector privado está aglutinado básicamente por empresas, profesionales, emprendedores y todo el colectivo trabajador que aporta fondos para el sostenimiento de todas las políticas del Estado.
Dentro del Gobierno están las instancias que ejecutan, con la mayor o menor capacidad profesional, el gasto de este recurso. En la última década, donde el sector privado ha podido aumentar significativamente el nivel de ingresos en impuestos, por muchos motivos –pero a la vez en contrapartida esta actitud de ninguneo– ha permitido que el sector político simplemente entre en una práctica de gasto evolutivo sin una práctica exigente hacia el resultado.
Hemos visto todos estos años un aumento del Presupuesto General de la Nación por un clientelismo sindical de funcionarios del Estado que ha sido creciente. Y solo para un sector que representa no más del 20% de la fuerza laboral del país, pero que nos insume gastos cercanos al 70% del total que producimos. En otras palabras, mirando estrictamente los resultados, y sin especular absolutamente, podemos concluir por datos existentes que hemos incurrido en aumentar el gasto en una forma no sostenible y, sobre todo, no responsable. Y dejo algo en claro, el sector político es el responsable de este resultado y en mucho menor grado el propio estamento técnico como lo son los ministerios y entidades del Estado.
A estos órganos públicos en todo caso vamos a exigirles eficacia con el dinero, disminución de la corrupción. Pero es el Congreso el que hoy bajo las reglas de la Constitución aprueba, modifica o amplía el nivel del gasto propuesto por el Gobierno cada año. Hoy la pandemia nos mostró claramente que cuando el sector privado no pudo generar ingresos, el motor de ejecución se quedó en “rojo” y tuvo que salir a pedir un préstamo de emergencia para pagar salarios.
¿ERA NECESARIO? ABSOLUTAMENTE SÍ. Pero la pregunta más importante hoy es si ¿es sostenible? La respuesta es absolutamente no. No se trata de gastar según apreciaciones políticas o intereses de un grupo político. No podemos continuar jugando el partido con un sentido electoralista cada año. Se trata de ser lo más exigente con el gasto, recortando todo lo que nos está hoy hundiendo.
Y aquí está el principal contexto que quiero instalar como principio rector de nuestra nueva realidad. Debemos comenzar a ser autoridad en exigir resultados concretos de lo que ocurre y qué pueden hacer con nuestro dinero. No habrá dinero que alcance a cubrir nuestras necesidades como nación si no exigimos al sector político austeridad y disciplina en la administración de nuestro dinero. Hay que invertir la pirámide: el sector privado, que conforman todos los que trabajan, demanda que se dejen de gastar en políticas prebendarias que complican cada vez sea más el pago de las cuentas. Exigimos el fin de la oligarquía en manos de la clase política. La nación es viable solo con la producción sostenible y un gasto prudente de lo que producimos.
