Entre aplausos de la cámara y los asistentes, el Parlamento ha aprobado el proyecto de ley en una sesión calificada por algunos diputados como “histórica”, por el que se establecen medidas como cuotas o incentivos para que el sector privado contrate a personas con algún tipo de discapacidad.
Actualmente, el 16 % de la población de Uruguay, unas 560.000 personas, cuenta con algún tipo de discapacidad, de las que el 80 % está desempleada.
Aquellos que sí cuentan con un empleo ganan por debajo del promedio de la línea salarial de alguien que no tiene discapacidad, según señaló el parlamentario comunista Gerardo Núñez, encargado de presentar el proyecto de ley a la cámara.
Núñez especificó que de aprobarse definitivamente el proyecto se fomentará no sólo la contratación sino también la llegada y la posterior permanencia del trabajador a través de la adaptación de los espacios físicos.
El proyecto establecerá una cuota de empleo a discapacitados para todas las empresas privadas con más de 125 trabajadores, que se calculará sobre el número de trabajadores y no sobre las vacantes disponibles, como ocurre con la ley sobre la inclusión de personas con discapacidad en el sector público.
Asimismo, y a petición del partido de la oposición Partido Nacional, se fijarán incentivos de tipo económico por parte del Estado para aquellas empresas que cumplan con la ley y contraten a estas personas.
Estos incentivos podrán ser igualmente retirados si el empleador incumpliera la norma.
La mencionada ley que rige en el sector público fue criticada por la mayor parte de la Cámara, puesto que a juicio de los integrantes el Estado no ha cumplido con lo que se aprobó.
Concretamente, el diputado del opositor Partido Nacional Rodrigo Goñi dijo que, pese a compartir el objetivo del proyecto, el hecho de que fuera presentado por el partido en el poder era “hipócrita”.
“Desde hace más de 20 años hay normas que obligan al Estado a incorporar a ciudadanos con discapacidad y teniendo todos los recursos y medios no ha cumplido con su deber. Ahora parece ser que nos quedamos tranquilos traspasando esa responsabilidad a lo privado”, recriminó.
Desde el Frente Amplio admitieron las carencias y limitaciones de la normal, la ley 1861, señalando que las autoridades solo contaron con 72 empleados con discapacidad en 2014.
“Este nuevo proyecto tiene que tirar del carro de la 1861", dijo Núñez.
Aún así, desde la bancada frenteamplista puntualizaron que “los cambios jurídicos expresan cambios culturales” y confiaron en que a partir de ahora se “cambie la sensibilidad” en el país acerca de este tema.
Todos los diputados que intervinieron en la sesión destacaron la necesidad de que el compromiso sea real y que “no se quede en el papel”.
El pasado lunes el presidente de la cámara de representantes uruguaya, Gerardo Amarilla, celebró con un acto la eliminación de las últimas barreras que impedían el acceso al edificio.
