La medida, solicitada por el Ministerio de Gobernación (Mingob) y aprobada por una mayoría de 70 diputados del oficialismo y 16 en contra, también dispuso que los bienes de esas entidades pasan a ser “propiedad del Estado”.
“No hay un afán persecutorio ni de dañar a ninguna oenegé, solo se está aplicando la ley”, expuso ante el plenario el diputado liberal y aliado del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Wilfredo Navarro.
Profesionales de la salud rechazaron la medida al considerar que afectará a los beneficiarios de esos servicios.
Denunciaron que la medida se trata de un intento del gobierno para “callar los señalamientos (de especialistas sobre) la mala gestión de la pandemia y salud”.
Nicaragua, uno de los países que no aplicó medidas de contención de la pandemia, reporta oficialmente 9.651 casos y 194 fallecidos por covid-19, pero esas cifras son cuestionadas por grupos independientes de médicos y ciudadanos.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos denunció que la cancelación a la identidad legal a esas 24 oenegé que “velan por la salud y la vida de los nicaragüenses” es una violación al derecho de libertad de asociación. AFP