El caso más reciente refiere por un lado a que la Corte Suprema tardó cuatro años en resolver una acción de inconstitucionalidad planteada al comienzo de una causa que ahora está prescripta. Se trata del presunto desvío de G. 3.700 millones del Ministerio de Agricultura y Ganadería, planteado por el ex ministro Enzo Cardozo en el 2014 y que tuvo resolución en el 2018. El segundo caso más reciente es el de un recurso extraordinario de casación resuelto luego de dos años.
El año pasado, hace apenas unos meses, se informaba que la Corte Suprema de Justicia había cerrado un caso después de 18 años de que se hubiera iniciado. El asunto refiere al escribano Lorenzo Livieres Banks que había recurrido al Tribunal de Cuentas la sanción que le había impuesto el Máximo Tribunal el 7 de junio del 2004. El notario falleció en setiembre del 2018, y cuatro años después la Sala Penal dispuso el archivo del caso. Finalmente, la Corte declaró inoficioso el estudio de una apelación contra una sanción hecha porque la persona que había hecho la presentación ya había fallecido.
A veces, los analistas tienen la necesidad de calificar a nuestra justicia con el adjetivo de kafkiano. Sin embargo, el problema de nuestro sistema judicial no es su lentitud ni lo absurdo de los vericuetos de su lenta y absurda burocracia. En el Paraguay, la lentitud y el abuso del uso de los recursos, lo que se denomina chicanear, no es un gesto desinteresado, sino que está relacionado con las relaciones de poder.
De esto puede dar cátedra, por ejemplo, la madre de la joven Natalia Godoy, quien falleció después de ser atropellada por una conductora que perdió el control de su camioneta. Natalia estaba esperando el colectivo, temprano en la mañana para ir a su trabajo. Y pese a que la conductora Florencia Romero había dado positivo a las pruebas de alcoholemia, la madre de Natalia sigue clamando por justicia.
En la misma línea había denunciado la Coordinadora de Abogados del Paraguay, quienes en una nota a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en una presentación en la que llamaban la atención sobre la “alarmante” falta de una política institucional para erradicar la impunidad. Y es que por la burocracia, y la lentitud de la justicia, así como también debido a la falta de cumplimiento de los plazos procesales, aproximadamente 37 expedientes de escandalosos casos de corrupción podrían quedar impunes, y como es bien sabido, cuando se trata de corrupción pública la víctima es el pueblo paraguayo.
Son procesos a ex ministros, ex titulares de entes, ex magistrados, ex intendentes e incluso parlamentarios. De acuerdo con las conclusiones, le cuestan al erario público un desfalco de más de 9 billones de guaraníes o USD 1.300 millones. Y si bien toda corrupción es repudiable, la peor de todas se ha cometido durante la pandemia del Covid-19. En el momento más difícil para toda la humanidad, y mientras los paraguayos morían en los pasillos de los hospitales aguardando una cama en terapia intensiva o por la falta de medicamentos y respiradores, hubo políticos y funcionarios públicos que en esa situación, incluso no dudaron en mal utilizar los recursos públicos.
El país ya no puede seguir tolerando el uso de los recursos judiciales por parte de los abogados como un garrote o una estrategia. Necesitamos una gran dosis de compromiso para luchar contra las diversas formas que adquiere la corrupción, pues la ciudadanía merece vivir en un país que se asegure que podrá recibir justicia cuando la demande.
Es inaceptable que el Paraguay sea conocido como un paraíso de corruptelas diversas, lavado de dinero, mafia, enriquecimiento ilícito y sobre todo impunidad gracias a las intolerables chicanas.
