Editorial

El país debe contar con una política de endeudamiento seria

Un representante del Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó esta semana sobre los riesgos del endeudamiento público en Paraguay. Hace años que economistas, referentes de la prensa y la ciudadanía en general alertan sobre estos riesgos; sin embargo, al parecer las autoridades económicas necesitan que venga alguien de afuera para comprender que el endeudamiento no era la solución a nuestros problemas presupuestarios y tarde o temprano se necesitarán ajustes que tendrán efectos sumamente negativos en la gente. Urge un replanteamiento de la política fiscal de manera que esta no termine siendo un instrumento en contra del desarrollo y, sobre todo, contra el bienestar de las personas. A una década del inicio de un endeudamiento desenfrenado, no hay evidencia de los impactos positivos en la vida de las personas.

Desde hace tiempo ya nos estamos endeudando para pagar deudas anteriores que no pudimos financiar con recursos genuinos. Cada año que pasa, el porcentaje de “bicicleteo” aumenta poniendo en evidencia las dificultades que tiene el Fisco para hacer frente a los compromisos con los acreedores.

La peor señal son las reducciones de inversión social en áreas claves como la educación, niñez y adolescencia o mujeres. El propio Ministerio de Hacienda está enviando propuestas de presupuestos reducidos al Parlamento, cuando que estos ya eran mínimos. Tal vez el caso más extremo fue el del año 2020 en que esta institución envió, en plena pandemia, un proyecto para 2021 en el que se reducían los gastos en salud y educación.

Hoy, mirando atrás, vemos los resultados. Familias destruidas por el dolor y la pérdida de los seres queridos por la falta de camas y medicamentos suficientes; hogares y mipymes endeudados por no haber contado con políticas que mitiguen el impacto de la pandemia; deserción escolar de una gran cantidad de adolescentes que difícilmente vuelvan a la escuela, con lo cual su vida está destinada a la pobreza; violencia extrema contra las mujeres y las niñas agudizada por el encierro.

Además de los problemas de repago, la pregunta que se plantea es a quién benefició la deuda, ya que la promesa desde la primera emisión de bonos soberanos era mejorar la infraestructura y generar empleos con las obras. La sensación generalizada es que la infraestructura generada no se tradujo en mejoras en la calidad de vida después de casi una década y las estadísticas laborales muestran que el empleo no solo no mejoró, sino que se viene deteriorando desde 2015, ya que los ingresos laborales antes de la pandemia ya se venían reduciendo.

El proceso de endeudamiento ha sido defectuoso desde el inicio. Innumerables alertas se han realizado tanto a nivel interno como de los organismos internacionales sobre el manejo incompleto de los indicadores y la falta de control en el uso de los recursos.

El Ministerio de Hacienda fundamenta sus decisiones solo en la relación deuda-producto interno bruto, cuando debería haber incluido en el análisis la relación ingresos tributarios-producto interno bruto. Hoy vemos el problema, el producto crece, pero al no generar los recursos tributarios para pagar la deuda, nos encontramos con la necesidad de tomar más deuda para financiar deuda.

Por otro lado, el Ministerio de Obras Públicas, una de las instituciones que más recursos reciben provenientes del endeudamiento, resulta que muestra grandes problemas de eficiencia derivados de obras innecesarias, mal planificadas o con sobrecostos.

El país debe contar con una política de endeudamiento seria y no apelar a esta modalidad de financiamiento casi por comodidad, y además debe garantizar que esos recursos tengan impacto en la economía y el bienestar. A una década del inicio de un endeudamiento desenfrenado, no hay evidencia de los impactos positivos en la vida de las personas en la misma magnitud que el aumento de la deuda.

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