Por un lado explicó que faltan leyes vinculadas al servicio civil y al sistema jubilatorio, mientras que otro tema es la vigencia de normativas existentes que se deben aplicar.
Sobre el último punto habló acerca de la oportunidad que tiene ahora el país de responder a las calificadoras que cuestionan la institucionalidad. Por ejemplo con la denominación de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos, Paraguay puede demostrar que tiene un Ministerio Público y una Corte Suprema de Justicia que investiga y utiliza las herramientas jurídicas vigentes con las que determina la culpabilidad de los procesados.
En ese sentido ve con buenos ojos lo que está ocurriendo actualmente con la apertura de investigaciones que ordenó el nuevo fiscal general del Estado, Emiliano Rolón. Considera que en unos años el país tendrá un dictamen favorable para mejorar su calificación. “Yo espero sinceramente que no haya en el corto plazo muchas excusas más para que Paraguay no entre al nivel de grado de inversión”, expresó.
El crecimiento del negocio agropecuario y detrás una mayor valorización de inmuebles, inversión en energía eléctrica y el desarrollo forestal son los rubros con mayores ventajas que se pueden seguir destacando.
Complicaciones. Sobre la situación actual, Ferreira dijo que observa complicaciones financieras que pueden empujar a optar por inversiones seguras.
1 millón
de hectáreas agrícolas podrían desarrollarse en el Chaco paraguayo en 10 años, según Manuel Ferreira.