Desde hace varios meses, a través de redes sociales, una página llamada Despierta Paraguay, difunde una insistente operación de odio contra periodistas y medios de comunicación con posiciones habitualmente críticas al gobierno. La campaña sucia se sostiene en fotos, dibujos y videos realizados con inteligencia artificial bajo un estilo algo burdo pero muy agresivo.
Hace unos días, periodistas del diario Abc publicaron una investigación que destapó una de las tramas más cínicas de la comunicación política reciente. Solo en Facebook la citada página ya destinó más de G. 150 millones a divulgar sus “anuncios pagos” a través de una agencia colombiana llamada Digimarketing, cuya trazabilidad del dinero es difusa.
Lo curioso es que la citada plataforma tenía solo dos clientes paraguayos. Uno era Despierta Paraguay y el otro era el gobierno de Santiago Peña que, desde el año pasado, pautaba en Google publicidad de los programas Hambre Cero y Che Róga Porã, entre otros.
De los 65 anuncios difundidos por Digimarketing en Paraguay, 48 estaban destinados a la cruzada de ataques contra la prensa libre y actores políticos y sociales que producían animadversión al poder. Los restantes 17 avisos fueron para promocionar campañas oficiales del gobierno.
El esquema es de manual: el Estado pauta contenido “blanco” (programas sociales), mientras financia, en paralelo, la artillería contra la credibilidad y la reputación de periodistas desde páginas como Despierta Paraguay.
El titular del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate, reaccionó sorprendido, asegurando que el gobierno no tiene nada que ver ni con Despierta Paraguay ni con Digimarketing y, por supuesto, que no les pagó un solo centavo. “Cualquiera puede pautar en las redes cualquier contenido de un tercero”, afirmó, sugiriendo que la difusión de mensajes gubernamentales fue realizada sin su consentimiento. “Algunos usan esa estrategia para colgarse de la imagen del gobierno, aseguró”.
Una respuesta tan cándida se vuelve infumable frente a los hechos: apenas todo salió a la luz, los anuncios fueron abruptamente borrados. Lo que antes era público en Google, como la pauta de Che Róga Porã, ya no está disponible. Pero, además, las reglas de Google son taxativas: “Para evitar fraudes, solo los gobiernos y los proveedores autorizados pueden publicar anuncios que promocionen la adquisición directa de documentos oficiales y servicios gubernamentales específicos”.
Como si fuera poco, en sus normas, Google restringe estrictamente la promoción no autorizada de anuncios sobre “asistencia alimentaria” y “vivienda”.
Me encantaría creerle al ministro Villate, pero eso implicaría asumir que Google miente. Además, hay una parte de su versión que es, definitivamente, increíble: según él, una agencia colombiana decide, de onda, gastar miles de dólares para atacar a la prensa crítica mientras, de paso, promociona los logros del Gobierno. Un reparto de odio digital ad honorem, digamos.
¿No resulta más lógico pensar que la investigación periodística desnudó un esquema muy oscuro? Tiene mucho más sentido pensar que Digimarketing pauta los programas estrellas de Santiago Peña y, con la misma billetera, financia la campaña sucia contra quienes se atreven a hacer críticas al gobierno.
La otra opción es aceptar la tesis de Villate: un filántropo anónimo decidió regalarle al Gobierno una campaña de desprestigio contra sus críticos.
Todo parece ser fruto de una pésima idea, elaborada con amateurismo primario y que dejó rastros de una estrategia de propaganda que utiliza el dinero público como combustible para el odio privado. El Mitic no está para conectarnos con el futuro, sino para desconectarnos de la verdad. Es el uso de la tecnología no para informar, sino para intimidar.
Este sicariato digital no es un accidente de internet: es una decisión política. Es la tercerización de la violencia verbal, algo inadmisible en una democracia y que debe ser investigado.
