“El JEM pende sobre la cabeza de magistrados y fiscales como garrote”

–En el comunicado, el gremio habla de inadmisibles las designaciones ante el JEM del diputado Hernán David Rivas (con título irregular de abogado) y del senador Javier Zacarías Irún (procesado por corrupción).

–La Constitución Nacional establece que los representantes de las cámaras de Diputados y de Senadores sean solamente abogados. Es decir, no exige más que el título de abogado y, sin embargo, tenemos que entender que quienes juzgan a magistrados y agentes fiscales deben estar a la altura de la investidura. Entonces, la propia Constitución establece la idoneidad técnica y la condición técnica de abogado. El director anticorrupción del MEC (Ministerio de Educación y Ciencias), José Casañas Levi, dictaminó que el registro del título de abogado de Rivas debe ser anulado por no reunir los requisitos establecidos en las reglamentaciones internas del Ministerio de Educación y porque ese título no proviene de una carrera habilitada por el Cones.

En cuanto a la idoneidad ética, referente al caso del senador Zacarías Irún, nos encontramos con que él soporta aún tres procesos penales. Entendemos que es completamente inaceptable que una persona que esté siendo juzgada por el sistema de justicia pueda integrar el órgano juzgador.

–En ambos casos, fue la coyuntura política que los llevó ahí. ¿Qué opina al respecto?

–La democracia constitucional no se limita al simple juego de las mayorías coyunturales. El sector político debe entender eso. La Constitución contiene valores que debe cumplir la representación que tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados cuenta ante el JEM. En la medida que esos valores que la Constitución considera importantes se dejan de lado por la coyuntura de las mayorías existenciales, vamos a ver cómo ese órgano se convierte en un instrumento de esas mayorías. Se requiere de personas que cuenten con idoneidad técnica y ética, porque hace a la credibilidad del sistema de justicia. Tenemos muy buenos abogados dentro de la Cámara de Diputados.

–Existen varias sugerencias que ya se plantearon para evitar la politización del JEM. ¿Cree que se deben hacer cambios?

–Es un tema que debe ser analizado en la próxima asamblea constituyente. La conformación del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados debe ser parte de un acuerdo. Son órganos extrapoder y se debe definir su conformación. En la próxima asamblea constituyente tenemos que discutir si queremos seguir manteniendo la existencia de estos órganos extrapoder. Si coincidimos en que queremos seguir manteniendo la existencia de estos órganos, tenemos que discutir luego si queremos que sea puramente extrapoder o mixto; es decir, que esté integrado por algunos integrantes de los poderes del Estado. Si finalmente decidimos como sociedad o los constituyentes acuerdan que representantes de cada poder del Estado integre, se tiene que respetar el equilibrio de poderes garantizado en la Constitución Nacional.

–¿Debe variar la cantidad de miembros?

–En el JEM se rompe el principio de equilibrio que se garantiza en el articulo 3 de la Constitución Nacional, porque hay cuatro representantes del Poder Legislativo, dos del Poder Judicial; sin embargo, el Poder Ejecutivo no cuenta con representantes. Esto debe ser parte de un amplio debate jurídico ciudadano. Tenemos que acordar el modelo de estos organismos extrapoder, si queremos que sean mixtos o puros, y quiénes deben conformarlos y en qué número.

–De la manera que está conformada no puede seguir...

–Puedo afirmar que la conformación requiere de una profunda revisión a fin de evitar que estos dos organismos, que fueron creados en el afán de garantizar la independencia judicial, sigan desnaturalizados en ese propósito, sobre todo, como hasta hoy, sigan sirviendo de garrotes que penden sobre la cabeza de magistrados y agentes fiscales. Lo importante es garantizar que estos órganos cumplan con el propósito de la independencia del Poder Judicial y no que lo sometan. El Jurado hoy no es garantía para el Poder Judicial, con su actual conformación política.

–¿Qué opinión le merece una reforma judicial?

–Es muy amplio el tema, y cada institución requiere de un análisis particular. En el caso de la Corte Suprema de Justicia, hoy distrae gran parte de su tiempo en la gestión de tareas de orden administrativo, la cual hace que al distraer su tiempo de la tarea jurisdiccional, que es la de juzgar los expedientes, entonces se produce lo que hoy tanto aqueja, que es la mora judicial que parte desde la propia Corte... Dentro de esa reforma se debe hablar de la conformación del JEM y de la sanción de una ley que garantice el sistema acusatorio y la amplitud probatoria de los magistrados y agentes fiscales sometidos a su competencia.

–¿Cómo evalúa la labor del Ministerio Público?

–Tenemos que destacar que el Ministerio Público, bajo la dirección de la actual fiscala general, ha investigado más casos de corrupción pública o llevado a juicio. Estamos ante el inicio de la discusión del juicio oral de Óscar González Daher. El anterior fiscal general (Javier Díaz Verón) está siendo sometido también a la justicia. Varios senadores e intendentes, también.

–Sin embargo, no actúa con la misma celeridad en todos los casos, según denuncias.

–La tarea del Ministerio Público debe ser más expeditiva en la generalidad de los casos y entender que debe haber unidad de criterio. La ley orgánica del Ministerio Público impone esa unidad de criterio, pero nos encontramos en algunos casos que la Fiscalía actúa de una manera y en otros casos de un modo totalmente distinto.

La unidad de criterio debe volverse realidad para que la gente sienta que el Ministerio Público actúa y mide con igual vara en todos los casos. De lo contrario, siempre se va a poner en tela de juicio la equidad de la justicia de todas las investigaciones.