En el informe, resultado del relevamiento realizado del 19 de diciembre al 9 de enero de 2024, señalan la debilidad legal de la intervención y que no le proveyeron informaciones requeridas, más que el decreto relacionado al mismo.
“El informe de 21 páginas contiene solo algunos aspectos, los más resaltantes del procedimiento estatal de intervención militar-policial en el penal de Tacumbú, que según parte de la conclusión ponen en evidencia, en primer lugar, la debilidad legal de la intervención”, señalan por un lado.
Por otra parte, dicen que solo se pudo acceder al decreto que hace referencia a la aprobación de un Plan de Seguridad Penitenciaria Excepcional, con el concurso de las fuerzas públicas, no así a un plan en sí.
“Las autoridades afectadas no han proveído la información requerida por el MNP”, cuestionan.
Entre las diversas recomendaciones, instan a planear mejoras para el sistema penitenciario que incluyan como prioridad un proyecto de descongestión de las penitenciarías. Plantearon una línea política desde la Corte Suprema para la correcta aplicación de la prisión preventiva cumpliendo los requisitos correspondientes.
